Pero el artículo tenía un problema: omitía mucha información y otra la daba a medias; lo que conducía a las interpretaciones habituales…
El texto comenzaba diciendo:
“La tregua de 72 horas pactada entre Israel y Hamás y la retirada del Ejército israelí de Gaza abren la puerta a un arreglo diplomático que ponga fin a la operación ‘Margen protector’ y que permita también investigar qué ha ocurrido durante estas 29 jornadas de ataques aéreos y lanzamiento de cohetes.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONUha puesto en marcha (con el voto en contra de EE.UU.) una comisión de investigación sobre estos actos. La comisión presentará sus conclusiones en marzo de 2015.
[…]
[La Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navi] Pillay mencionaba también el paralelismo entre los sucesos actuales y lo ocurrido en la operación “Plomo fundido” (2008-2009), en la que murieron más de 1.300 palestinos. En su informe final sobre aquel ataque, la misión de la ONU acusaba tanto a Israel como a Hamás de violar la legislación internacional, principalmente la Cuarta Convención de Ginebra y los protocolos adicionales I y II que la completan”.
Al redactor del artículo se le escapó un detalle significativo.
Según publicó el 23 de julio de 2014 la página web oficial del Consejo de Derecho Humanos de la ONU, el borrador de la resolución decía que el Consejo:
“… condena en los términos más enérgicos las generalizadas, graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y las libertades fundamentales derivadas de las operaciones militares israelíes llevadas a cabo en el territorio palestino ocupado desde el 13 de junio de 2014 que puede equivaler a crímenes internacionales, resultando directamente en la matanza de más de 650 palestinos, la mayoría de ellos civiles y más de 170 de los cuales son niños… y decide enviar urgentemente una Comisión Internacional de investigación independiente para investigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, particularmente en la ocupada franja de Gaza, en el contexto de las operaciones militares realizadas desde el 13 de junio de 2014 y que informe al Consejo en su vigésimo octavo período de sesiones”.
El borrador de resolución no habla de “posibles o supuestas violaciones”; con lo que, el dictamen ya está hecho. Sólo resta “confirmarlo”. Así, la comisión no es “investigadora”, sino “verificadora” del veredicto de dicha resolución.
No es un detalle menor.
Por otra parte, la crónica detallaba que Pillay mencionó “el paralelismo con la operación ‘Plomo fundido’ (2008-2009)”. Y, otra vez, se omitía un hecho relevante: la “comisión investigadora” (que también partía de un veredicto previo; y quese parece en su formulación a tantas otras ) dio como resultado el infame Informe Goldstone.
El 5 de abril de 2011, el diario argentino La Nación publicaba un artículo de Emilio Cárdenas; donde el ex embajador argentino ante las Naciones Unidas manifestaba:
“El gravísimo contenido del ‘Informe Goldstone’ fue particularmente duro para las Fuerzas Armadas de Israel, a las que se acusó puntualmente de haber cometido crímenes de guerra […] en el transcurso del conflicto armado investigado… Inesperadamente, el viernes pasado, Richard Goldstone publicó una clara retractación del contenido y conclusiones de su Informe, esta vez desde las páginas del Washington Post. Allí admitió inequívocamente que, con la información de que hoy dispone, está ahora seguro que el daño producido a civiles inocentes palestinos por las acciones militares israelíes no fue intencional. Ya no menciona siquiera lo que antes calificó de ‘uso desproporcionado’ de la fuerza. Y aprovecha para confirmar algo para muchos obvio: esto es que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo encargo en su momento aceptara, tiene prejuicios claros contra Israel”.
Ya en diciembre de 2010, el analista de CAMERA Steven Stotsky explicaba que:
“La confesión del ministro del interior de Hamás, Fathi Hamad, de que Hamás y las milicias afiliadas perdieron entre 600 y 700 combatientes en la operación militar israelí ‘Plomo Fundido’ debilita la acusación principal del Informe Goldstone: que’ la operación israelí se basaba en una política deliberada de utilizar una fuerza desproporcionada y dirigirla…[contra] la población civil’”.
Es más, conociendo el sesgo del CDH de la ONU, ¿será imparcialdicha “investigación”?
El periodista, limitándose a reproducir declaraciones, obviaba el contexto (al cual se hacía referencia Pillay y que explicitaba en el texto) formado de hechos sumamente importantes.
Así, continuaba adhiriendo a las cifras que proporciona Hamas:
“Al menos un70% de los palestinos muertosson civiles, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Israel ha atacado viviendas en las que supuestamente se ubicaban lanzaderas de cohetes, almacenes de explosivos o puestos de mando, o donde vivían dirigentes de las milicias palestinas”.
De entrada, da por válida la cifra de Hamas, en tanto que pone en duda las declaraciones israelíes.
Un artículo publicado en el Blog de ReVista el 29 de julio, señalaba que tras la publicación de un listado de muertes palestinas publicado por la televisora Al Jazeera, un periodista de Times of Israel, Noru Tsalic, revisó 307 nombres y concluyó que el 85% de esos nombres pertenecían a hombres entre los 18 y los 60 años.
Tsalic sostenía que:
“Más de las dos terceras partes de las víctimas mortales son varones 18 y 60 años de edad, a pesar del hecho de que representan alrededor del 20% de la población de Gaza”.
1) 407 terroristas
A. 222 de Hamas
B. 123 de la Yihad Islámica Palestina
C. 62 de otras organizaciones terroristas
2) 452 no combatientes
3) 589 palestinos cuya identidad es desconocida
Por su parte, Steven Stotsky, analista Senior de CAMERA, en un artículo publicado por la revista Time, advertía que las cifras facilitadas por Hamas y otros grupos deben considerarse con cuidado.
Y recalcaba que no sólo las cifras proporcionadas por Israel arrojan dudas sobre la afirmación de que la mayoría de las bajas son no-combatientes, sino que un examen cuidadoso de las fuentes palestinas también plantea dudas.
Stotsky explicaba:
“Los análisis de las víctimas que figuran en los informes diarios publicados por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), una organización con sede en Gaza operando bajo el gobierno de Hamas, indican que los hombres jóvenes entre los 17 a 30 años constituyen una gran parte de las víctimas mortales, y que un aumento especialmente notable se da entre los varones de entre 21 y 27 años, un patrón consistente con la distribución por edades típicamente encontrado entre los combatientes y los reclutas. Fuentes palestinas intentan ocultar esta discrepancia con su mensaje público mediante el etiquetado de civiles de la mayoría de estos hombres jóvenes. Sólo una minoría se identifica como miembros de grupos armados.
El CPDH proporciona los informes más detallados, que los de los distintos organismos palestinos de Gaza que proporcionan cifras de las bajas a los medios de comunicación y a las organizaciones internacionales como la ONO – cuyas cifras se asemejan mucho a los de la Ministerio de Salud de Gaza, gestionado por Hamas y otros grupos”.
Pero para RTVE sólo bastaba una fuente: Hamas.
Entonces el artículo continuaba comentando que “la legislación internacional obliga a distinguir entre combatientes y población civily prohíbe expresamente los ataques contra esta última. Y mencionaba el artículo 51 del Protocolo Adicional I a la Cuarta Convención de Ginebra – ‘Protección de la población civil'” – y el artículo 52 del mismo protocolo que “protege los edificios civiles y precisa que ‘en caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin’”.
Y añadía que:
“El aviso a los civilesantes de un ataque, una posibilidad prevista en el artículo 57 de la misma norma, no exime de sus obligacionesa ninguna de las partes en conflicto, subrayaba Pillay”.
Y, ¿qué dicen los expertos sobre el tema?
El ex Fiscal jefe de la Corte Penal internacional Luis Moreno-Ocampo, explicaba que el derecho humanitario internacional y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:
“…permiten a los beligerantes llevar a cabo ataques proporcionados contra objetivos militares, incluso cuando se sabe que habrá bajas o heridos civiles”.
El Dr. Barry A. Feinstein, en un ensayo (Legal Implications of Operation Cast Lead, Part 2) publicado por The Internet Journal of Rutgers School of Lawexplicaba que:
“Un objetivo militar puede ser atacado más allá de dónde esté localizado. No sólo la presencia civil no le dará inmunidad a un objetivo militar de sufrir operaciones militares, sino que de hecho se considera un crimen de guerra utilizar la presencia de civiles para lograr dicho objetivo”.
Y aclaraba, a su vez, que la obligación de prevenir bajas colaterales civiles bajo el derecho internacional consuetudinario recae principalmente en el lado del defensor (o atacado), ya que los civiles comúnmente están bajo el control de dicha parte – es decir, que el atacante no puede controlar sus movimientos o localización y usualmente desconoce su localización exacta.
¿Pillay hablaría de estas obligaciones? ¿O de otras, abstractasque sirven para deslegimitar la acción defensiva israelí y retratarla como un “crimen”?
Según recogía MEMRI, en una entrevista en Al-Aqsa TV (8 de julio), el portavoz de Hamas Sami Abu Zuhri declaró:
“La política de las personas que se enfrentan a los aviones de guerra israelíes con sus pechos desnudos con el fin de proteger sus hogares ha demostrado ser eficaz contra la ocupación. Además, esta política refleja el carácter de nuestra gente brava y valiente. Nosotros, en Hamas, hacemos un llamamiento a nuestra gente a adoptar esta política, con el fin de proteger los hogares palestinos”.
Durante una ceremonia de graduación de uno de los campamentos juveniles de Hamas en Gaza, que fue transmitida por el canal gazatí Al-Aqsa el 16 de enero de 2014, uno de los líderes de Hamas, el Primer Ministro de Gaza, Ismail Haniya, dijo:
“Vamos a seguir sus pasos [del Profeta] para educar a las generaciones futuras a amar la muerte en nombre de Alá tanto como nuestro enemigos aman la vida”.
Por su parte, el representante de las Fuerza Nacional Palestina e Islámica, Al-Aqsa TV, 14 de julio de 2014:
“Llamamos a nuestro pueblo palestino, en particular a los residentes del noroeste de Gaza, a que no obedezcan lo que está escrito en los panfletos distribuidos por el ejército israelí de ocupación. Los llamamos para que permanezcan en sus casas y que hagan caso omiso de las demandas de abandonar [las casas], por más seria que la amenaza pueda ser”.
En tanto, el Gatestone Institute indicaba que el Dr. Françoise Hampton, de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, escribió sobre el concepto de “necesidad militar”:
“La necesidad militar es un concepto legal utilizado en el Derecho Internacional Humanitario como parte de la justificación legal para ataques de objetivos militares legítimos que pueden tener consecuencias adversas, incluso terribles, para los civiles y para los bienes civiles. Esto significa que las fuerzas militares, al planificar las acciones militares, están autorizadas a tener en cuenta los requisitos prácticas de la situación militar en cualquier momento y los imperativos de ganar.
Lo que constituye un objetivo militar cambiará durante el transcurso de un conflicto. Al destruirse algunos objetivos militares, el enemigo va a utilizar otras instalaciones con el mismo fin, lo que hace que sean objetivos militares y su ataque justificable bajo la necesidad militar”.
Justamente, el periodista Ron Ben Yishai del Yediot Achronot, explicaba (20/07/2014) que:
“Otro de los motivos [para la batalla en este barrio] es que Shejaiyya es, en efecto, un complejo militar preparado para la lucha, que se ha colocado en el corazón de la población civil. Todos los activos que son importantes para las organizaciones terroristas están allí: talleres de soldadura para la fabricación de cohetes, laboratorios de explosivos, depósitos de cohetes, lanzaderas de cohetes ocultas, los centros de mando y un sistema de túneles que permite a los terroristas moverse rápidamente entre las instalaciones sin tener que preocuparse por ser alcanzados desde el aire. También hay entradas a los túneles que llevan a Israel”.
Prosiguiendo, con la crónica de RTVE, esta continuaba asegurando que:
“Israel ha bombardeado tres escuelasde la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados palestinos (UNRWA), en las que habían encontrado refugio los desplazados por los bombardeos.
El último de estos bombardeos, enRafah, causó 10 muertos y provocó una fuerte reacción internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki moon, habló de ‘ultraje’ y ‘crimen’”.
En Rafah no se “bombardeó” ninguna escuela.
El Mundo explicaba el mismo día que:
“El portavoz de UNRWA, Chris Gunness, afirmó inicialmente que la explosión se produjo en las proximidades de la escuela en Rafah que sirve de refugio para unas 3000 personas. Asimismo, comenta que no puede confirmar aún si la explosión en el centro es responsabilidad del ejército israelí o de los milicianos palestinos”.
En cuanto a las dos escuelas anteriores, en la primera, en Beit Hanun, las FDI, luego de una investigación, aseguraron que habían disparado un mortero que cayó en el patio de la escuela cuando estaba vacío, y que las víctimas mortales fueron causadas por un misil lanzado por la Yihad Islámica que se desvió.
En el caso de Jabaliya, las FDI dijeron haber respondido a fuego de mortero proveniente de la escuela.
En tanto, el redactor del texto de RTVE continuaba e introducía el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:
“Además de la protección debida a la población y a instalaciones civiles, elEstatuto de Roma, que crea elTribunal Penal Internacional (TPI), consigna en su artículo 8 que constituirá uncrimen de guerra ‘dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la pazo de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de Naciones Unidas (…)’”.
Mas, una vez más, conviene resaltar las aclaraciones del Dr. Feinstein:
“Un objetivo militar puede ser atacado más allá de dónde esté localizado. No sólo la presencia civil no le dará inmunidad a un objetivo militar de sufrir operaciones militares, sino que de hecho se considera un crimen de guerra utilizar la presencia de civiles para lograr dicho objetivo”.
Pero es que, puestos a omitir, RTVE soslaya que el propio artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional especifica, de entrada, que:
“La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes”.
¡Menudo olvido!
Además, el inciso 2.b.i. al que se refiere el artículo, dice:
“Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados”.
Si se dispara de una de sus instalaciones, ¿se deroga dicho derecho?
Si se utilizan sus instalaciones para almacenar armas, ¿se revoca dicho derecho?
Si sus instalaciones albergan túneles para uso terroristas, ¿se rescinde dicho derecho?
Mas, RTVE continuaba:
“El artículo 18 de la Cuarta Convención de Ginebra establece que ‘en ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles(…) deberán ser siempre respetados y protegidos por las partes en conflicto’.
El artículo 20 extiende esta protección a todo su personal, incluyendo el ‘encargado de la búsqueda, de la recogida, del transportey de la asistencia de los heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos y de las parturientas'”.
La página crimesofwar.org señala que un hospital puede perder su inmunidad frente a los ataques “si personas u objetos son utilizados para cometer actos que son dañinos o perjudiciales para una parte en el conflicto”.
Parecería, pues, válido inferir que lo mismo puede decirse de las ambulancias (y aquí), por ejemplo.
Pero la crónica no se hacía preguntas, todo parecía bien estar bien claro y bien atado: una enumeración de los cargos contra Israel.
Pero, si el hecho de que todo “cuadre” implica la omisión, ¿por qué no incluir, también, la falacia?
RTVE aseveraba:
“Todas las partes en el conflicto comprenden eldeber de permitir el libre paso de suministros médicos humanitarios, así como de envíos de víveres indispensables y ropa para niños y mujeres encintas o parturientas lo más rápidamente posible”. Así lo establece el artículo 23 de la Cuarta Convención.
[…]
Sin embargo, los primeros suministros y ayuda humanitaria llegaban a Gaza el 5 de agosto, 29 días después de iniciarse el ataque, y cuando los hospitales estaban colapsados”.
¿Fuente?
Sea cual fuere el pajarito que le contó eso, le vendió una información falsa a RTVE; que, por su parte, no se molestó en confirmar.
La Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés) informaba el 25 de julio de 2014 que:
“Los camiones que entraron a través de Kerem Shalom el 24 de julio contenían 1535 toneladas de comida, 640 toneladas de insumos agrícolas, colchones y 13 toneladas de equipos médicos y medicinas, 90 toneladas de diversos productos incluyendo colchones para la UNRWA”.
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Unas omisiones que casualmentellevan a pensar que el único y gran culpable, es Israel.Así, cualquier juicio sólo debería validar lo que todos ya “saben”.
Por eso, quizás, en sus últimos párrafos, el periodista escribió:
“Tras el informe de la ONU de 2009, solo cuatro soldados israelíes fueron encausados por tribunales locales (uno de ellos por robar una tarjeta de crédito), y ningún responsable de Hamás ha sido juzgado”.
Una formulación significativa: “solo cuatro soldados israelíes fueron encausados”.
¿Deberían haber sido encausados más? ¿Por qué? ¿Porque un informe sesgado de la ONU confirmaba lo que ya se había decretado con anterioridad?