Las agencias de noticias Reuters y Europa Press publicaron el día 7 de noviembre de 2012 un artículo titulado “Israel aplicará castigos a los palestinos si piden un incremento de estatus”.
La falta de contexto de la crónica, y las inexactitudes, dejan entrever una intransigencia israelí a la voluntad palestina de crear un estado soberano. Algo muy alejado de la realidad.
Para comenzar, a la hora de hablar del gobierno, utilizan la denominación errónea de Tel Aviv. Jerusalén (Oeste) es la sede del gobierno desde 1948. Si prefieren ignorar este hecho, deberían encontrar otras fórmulas para evitar nombrar a Jerusalén como capital y sede del gobierno, pero no inventar una por capricho. Por otra parte, es contradictorio eludir esta denominación, cuando el propio artículo habla de “asentamientos ilegales de Jerusalén Este”, suponiendo una “legalidad” para Jerusalén Oeste.
El artículo comenzaba diciendo que:
“Altos cargos del Gobierno israelí han apuntado este martes que Tel Aviv podría implementar varias medidas ‘de castigo’ contra los palestinos en caso de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, presente una solicitud ante la Asamblea General de Naciones Unidas para intentar conseguir el incremento del estatus de Palestina en el organismo”.
Las propias Naciones Unidas han marcado la vía para la resolución del conflicto, principalmente a través de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. Esta última estipula que:
“… inmediatamente y en forma simultánea con la cesación del fuego, se inicien negociaciones entre las partes interesadas, con los auspicios apropiados encaminados al establecimiento de una paz justa y duradera en el Oriente Próximo”.
La intransigencia Palestina
En el marco de los Acuerdos de Oslo, el Acuerdo de Transferencia Preparatoria de Poderes y Responsabilidades – de acuerdo con la Declaración de Principios – dispuso, justamente,la transferencia de poderes a la Autoridad Palestina dentro de cinco esferas específicas: educación y cultura, bienestar social, turismo, salud, e impuestos.
Los puntos más controvertidos, tales como Jerusalén; el futuro de los asentamientos judíos en Judea y Samaria y la Franja de Gaza (de la que Israel se retiró unilateral y totalmente); los refugiados palestinos (de 1948 y 1967); y las relaciones exteriores, fueron postergados para las negociaciones acerca el acuerdo definitivo.
Posteriormente a estos acuerdos, durante las negociaciones sostenidas entre palestinos e israelíes en el mes de julio de 2000 en Camp David, se allanaron muchos de los temas del conflicto, ya que el Primer Ministro israelí, Ehud Barak, realizó concesiones impensadas en temas como la soberanía palestina sobre un sector de Jerusalén y la entrega de un 97% de la tierra reclamada por los palestinos. Sin embargo, la propuesta israelí fracasó, especialmente por la falta de disposición palestina a negociar.
Al poco tiempo, comenzaba la Segunda Intifada. Palestinian Media Watch trascribió una filmación donde Imad Faluij, Ministro de Comunicaciones de Arafat durante la segunda intifada, explica:
“Quien piense que la Intifada comenzó debido a la detestable visita de Sharon a la Mezquita Al-Aqsa se equivoca. Eso fue sólo la gota para romper la paciencia del pueblo palestino. Esta Intifada ya estaba planeado desde que el presidente [Arafat] regresó de las recientes conversaciones de Camp David [julio de 2000].”
¿Es dable dejar estos datos fuera de un artículo que informa sobre el pedido de una entidad que no ha hecho absolutamente nada por obtener la paz y una soberanía negociada, y que desoye las propias resoluciones de las Naciones Unidas? ¿Puede pasarse por alto la utilización de las Naciones Unidas por ciertos intereses cuando estos mismos interesesse negaron a aceptar la partición del Mandato Británico de Palestina?
Lasagencias, entonces,continúan informando que:
“Entre las posibles medidas, estaría la cancelación del Protocolo de París, que dio a Israel el control del comercio exterior palestino y le concedió autoridad para recolectar impuestos, lo que ha sido utilizado en varias ocasiones por Tel Aviv como medida de castigo. Además, fija el IVA palestino al israelí (actualmente en el 17 por ciento) a pesar de la disparidad de ingresos”.
Pero el Protocolo de París indica que:
“… la Autoridad Palestina podrá importar mercaderías mutuamente acordadas con tasas aduaneras diferentes a las de Israel. También podrá importar mercaderías de países árabes en cantidades limitadas, según sea acordado”.
Y, además:
“La Administración Impositiva Palestina conducirá sus propias políticas de impuestos directos. Israel transferirá a la Autoridad Palestina un 75 por ciento de las recaudaciones de impuestos a la renta, recolectados de los palestinos que trabajan en Israel. La Autoridad Palestina impondrá un impuesto al valor agregado (IVA) de aproximadamente 15 o 16 por ciento”.
Es decir, que no hay tal control del comercio exterior – acuerdos en lo relativo a las importaciones pueden dentro del marco de la seguridad son comprensibles dentro de la coyuntura de Oriente Medio-, y que Israel sólo recauda los impuestos de los palestinos que trabajan en Israel. Un dato no menor, este protocolo surgió de negociaciones entre palestinos e israelíes. No fue una imposición unilateral de ninguna de las partes.
El artículo, as su vez, sostiene que:
“… Tel Aviv contemplaría la legalización de decenas de asentamientos establecidos por colonos judíos en Cisjordania. La comunidad internacional considera que todos los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales en base al Derecho Internacional, pero el Ejecutivo israelí distingue entre las colonias que han recibido una autorización oficial y las que no”.
Pero, en contra de lo que sostiene la crónica de Reuters y Europa press, la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 22 de noviembre de 1967 llama al:
“Retiro de las fuerzas armadas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto… y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza…”.
Es decir, que la frontera debe conformarse de acuerdo a negociaciones. Algo que, justamente, la Autoridad Palestina busca evitar. Pero, en su caso, esa actitud no es publicable.
Además, y tal como se indicó más arriba, en el marco de los Acuerdos de Oslo se estipuló que tanto el estatus de Jerusalén, como el futuro de los asentamientos judíos en Judea y Samaria eran postergados para futuras negociaciones acerca el acuerdo definitivo.
En este sentido, Alan Baker, del Jerusalem Center for Public Affairs, escribió:
“Un régimen especial entre Israel y los palestinos fue establecido a partir de una serie de acuerdos negociados entre 1993 y 1999, que siguen siendo válidos – y que rigen todas las cuestiones entre ellos, los asentamientos incluidos -. En este marco no hay ninguna disposición específica restringiendo la planificación, zonificación y construcción continuada por cualquiera de las partes. Los palestinos no pueden ahora invocar el régimen de la Convención de Ginebra con el fin de eludir los acuerdos anteriores internacionalmente reconocidos”.
Y añadió que durante las negociaciones:
“… la delegación palestina solicitó que se adjuntara una ‘nota adicional’ a este acuerdo, cuyo texto sería acordado, por el cual Israel se comprometía a restringir la construcción de asentamientos en la zona C durante el proceso de implementación del acuerdo y las negociaciones subsiguientes. Varios proyectos de esta ‘nota adicional’ circularon entre los equipos de negociación hasta que Israel estuvo efectivamente de acuerdo con una formulación que restringiera las actividades de construcción… En última instancia, el liderazgo palestino retiró su solicitud de una nota complementaria”.
Por otra parte, recién la semana pasada, y en el marco de esta nueva estrategia diplomática, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas reconoció a título personal, según informaron las propias agencias de noticias el 2 de noviembre, que:
“…Palestina está formada por Cisjordania y la Franja de Gaza y ha agregado que el resto del territorio de la Palestina histórica ‘es Israel’”.
¿Y Gaza?
Surge un problema innegable que los periodistas eligen obviar: Hamas gobierna Gaza. Hamas en una organización terrorista según el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea. La carta fundacional de Hamas anuncia:
“Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, como antes aniquiló a otros.”
En el artículo 7 amenazan:
“No vendrá el Día del Juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan tras las montañas y los árboles, los cuales gritarán: ‘¡Oh, musulmán! Un judío se esconde detrás mío, ¡ven y mátalo!‘”.
El artículo 11 declara:
“El Movimiento de Resistencia Islámica considera que Palestina es un territorio Waqf islámico consagrado a las generaciones musulmanas hasta el Día del Juicio”.
Es decir, no se dan las condiciones que exige la resolución 242 del Consejo de Seguridad:
“… respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los Estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza…”.
¿Acasoestos hechos no llamanla atención de cualquier periodista, máxime cuando justamente se habla de una iniciativa unilateral de la Autoridad Palestina en el órgano internacional del cual emanaron las resoluciones (entre ellas, la partición) que ellos mismos no reconocieron y que violaron sistemáticamente junto a otros países árabes? El que una organización terrorista que busca eliminar a Israel se pueda ver beneficiada por un hipotético nuevo estatus en las Naciones Unidas, ¿no genera siquiera el mínimo atisbo de inquietud periodística?
¿Si pudieron invocar (erróneamente) los Protocolos de París, no podían hacer lo mismo con otros acuerdos? ¿O acaso aquello que deja mal parada a la Autoridad Palestina no tiene cabida en la prensa en español?