La Vanguardia: promoviendo la idea del “genocidio”

Engañar, o sugerir el derrotero de la credulidad, es sencillo cuando se funda en un cuerpo de mentiras, medias verdades y prejuicios abultado y harto repetido. Basta pues con brevemente, y sin el escollo de la demostración y documentación, reproducir los términos resumidos de la idea, del embeleco.

Basta con vincular dos términos: “Israel” y “genocidio”.

A La Vanguardia le bastaba el 21 de junio de 2024 con omitir, distorsionar o inventar: “El derecho internacional humanitario obliga al ejército israelí a proteger a la población civil en Gaza”. “… la prohibición reiterada y sistemática de permitir la entrada de ayuda en Gaza lo que lleva a la ONU y otras organizaciones internacionales a considerar que Israel está a las puertas de cometer un genocidio en Gaza”.

Basta con adoptar las cifras de fallecidos del grupo terrorista Hamás, que no sólo no distingue entre civiles y combatientes – conocida estrategia -, sino que tampoco, evidentemente, discierne las víctimas provocadas por las propias organizaciones terroristas palestinas.

Basta con un video repleto de imágenes emotivas y más tergiversaciones – los rehenes rescatados, se decía, estaban en un lugar custodiados por Hamás y rodeados por civiles que desconocían el hecho. Los rehenes eran retenidos en casas de civiles – un periodista y un médico… Evidentemente, no mencionaba el fuego que recibió y despidió a los rescatadores. Ni el hecho de que, sencillamente, no hubiera habido ninguna baja si en primer lugar Hamás no hubiera realizado el ataque el 7 de octubre y no utilizara – hecho normalizado, ya – a la población civil como escudo humano.

Con esto, seguido del elocuente titular “A las puertas del genocidio”, bastaba:

Decía La Vanguardia que “el derecho internacional humanitario obliga al ejército israelí a proteger a la población civil en Gaza”.

¿Obliga a eso, realmente?

Por ejemplo, el Dr. Barry Feinstein, Profesor de Derecho Internacional, indicaba en su trabajo Proportionality and War Crimes in Gaza under the Laws of Armed Conflict que “la obligación de reducir el riesgo para los objetivos civiles se ha puesto tradicionalmente ‘directamente en manos de la parte que mejor podía controlarlo, es decir, el defensor’, explica W. Hays Parks. Aunque el atacante tiene ‘una clara obligación de evitar el ataque intencionado de cualquiera de estos objetos’, la responsabilidad del defensor se extiende a la adopción de medidas ‘para reducir al mínimo el riesgo de que sufran daños (o lesiones las personas protegidas en su interior) incidental a operaciones militares lícitas por parte de un atacante’, así como ‘para evitar el uso de cualquiera de estos de estos objetos protegidos como escudo para operaciones militares’”.

De tal manera, concluía, “en virtud de las leyes y usos de la guerra, la presencia de civiles no puede utilizarse para otorgar inmunidad a determinados puntos o zonas frente a operaciones militares. En particular, el Protocolo I estipula que la población civil o los civiles a título individual ‘no podrán ser utilizados […] en tentativas de proteger objetivos militares de ataques o de proteger, favorecer u obstaculizar operaciones militares’ ni ‘el movimiento de la población civil o de civiles a título individual’ podrá dirigirse ‘con el fin de intentar proteger objetivos militares de ataques o de proteger operaciones militares’. Por lo tanto, el Estatuto de Roma considera crimen de guerra utilizar la presencia de un civil ‘para que determinados puntos, zonas o fuerzas militares queden inmunes a las operaciones militares’.”

Así, la Cruz Roja señalaba que incluso “las unidades y los establecimientos sanitarios [que] gozan de protección debido a su función de brindar atención a los heridos y los enfermos. Cuando se los usa para interferir directa o indirectamente en operaciones militares y, por lo tanto, perjudicar al enemigo, se suspende la lógica de su protección específica. Ese sería el caso, por ejemplo, si un hospital se usara como base para lanzar un ataque, como puesto de observación para transmitir información de valor militar, como depósito de armas, como centro de enlace de las tropas en combate o como refugio para combatientes en buen estado de salud”.

Mientras tanto, el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, restregándose las manos – o restregando a los gazatíes – decía que las bajas civiles son “sacrificios necesarios” porque “infundirán vida en las venas de esta nación, impulsándola a elevarse a su gloria y honor”.

Así, pues… ¿Las cifras de Hamás? ¿Todavía?

En otro artículo de CAMERA Español ya se señalaba que:

Hamás, al que oculta tras ese aséptico “autoridades”. Cifras que, por lo demás, no distinguen entre civiles y combatientes – mucho menos de la víctimas gazatíes de los propios grupos terroristas palestinos – han sido puestos en duda por numerosos analistas que han explicado sesudamente el motivo por el cual no son de fiar. Pero no sólo eso; comentaba David Adesnik en el National Review que el 6 de mayo, “la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) [de la ONU] publicó una infografía que mostraba que más de 9.500 mujeres y 14.500 niños habían muerto en Gaza. Dos días más tarde, el gráfico actualizado de la OCAH reducía esas cifras casi a la mitad, mostrando que 4.959 mujeres y 7.797 niños habían perdido realmente la vida, una reducción combinada de más de 11.000 personas. Cuando un periodista pidió al portavoz de la ONU, Farhan Haq, que explicara la revisión, todo lo que recibió fue el consabido descargo de responsabilidad de que «en la niebla de la guerra, es difícil dar cifras»”; y que los equipos de la ONU en el terreno no podían verificar independientemente los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad de Hamás”.

Todo vale para demonizar

Para sostener el engaño del “genocidio”, se recurre ahora a la inexistente “hambruna”, a la invención de “la prohibición reiterada y sistemática de permitir la entrada de ayuda en Gaza”.

Pero, según informaba la Foundation for Defense of Democracies el 17 de junio de 2024, ya 9 días antes, el Comité de Revisión de la Hambruna (FRC, por sus siglas en inglés), organismo formado por cinco destacados especialistas en seguridad alimentaria y nutrición, rechazó por ‘no plausible’ la conclusión de que el norte de Gaza haya entrado en estado de hambruna. “El mismo organismo concluyó a mediados de marzo que ‘la hambruna es ahora proyectada e inminente’ en el norte de Gaza para finales de mayo, una conclusión que impulsó a la ONU, a los medios de comunicación y a numerosas organizaciones humanitarias a advertir que miles de personas en Gaza morirían de hambre si no se alcanzaba un alto el fuego inmediatamente”, indicaba.

Y explicaba que el FRC “rechazó las afirmaciones de hambruna en el norte de Gaza por considerar que tales afirmaciones ignoraban o subestimaban el valor tanto de las fuentes comerciales de alimentos como de ciertas formas de ayuda humanitaria. El comité concluyó que los flujos de ayuda y la disponibilidad de alimentos aumentaron significativamente en marzo y abril y ‘que casi el 100% de las necesidades kilocalóricas diarias estaban disponibles para la población estimada de 300.000 personas en abril, incluso utilizando cálculos conservadores…’”.

Cuatro días después de este informe de la FRC, en La Vanguardia no estaban ni enterados. O no querían darse por enterados.

Pero es que ya el 4 de junio, según The Times of Israel, y como ya citara con anterioridad CAMERA Español, la organización World Central Kitchen declaraba que está ingresando camiones con alimentos a Gaza “a un ritmo bastante bueno” y que puede distribuirlos a sus cocinas comunitarias en distintas zonas del territorio a través de la colaboración con la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés), una agencia del Ministerio de Defensa de Israel.

Con anterioridad, el 31 de mayo. el mismo medio había informado que el Ministerio de Salud de Israel había encontrado “defectos significativos en la metodología del Informe Especial de la ICP [Integrated Food Security Phase Classification] y, en particular, descubrió que se había desviado de las normas y principios de la ICP establecidos por la propia organización”. Además, según la revisión, el informe de la ICP, “que abarcaba el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2023 y el 10 de marzo de 2024, no reconocía el aumento del suministro de ayuda humanitaria durante ese periodo; citaba repetidamente encuestas poco fiables y poco representativas de los habitantes de Gaza sobre su nivel de seguridad alimentaria, y no proporcionaba ninguna estadística sobre la tasa de mortalidad por malnutrición, como cabría esperar que ocurriera en una hambruna y como es práctica de la IPC al evaluar las hambrunas”.

A todo esto, el analista Salo Aizenberg apuntaba en su cuenta de X el 21 de mayo de este año, que según la información de la propia ONU, 24.086 camiones con alimentos y ayuda humanitaria ingresaron en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 – o unos 105 camiones/día; que representa un 30% más que los alrededor de 80/día anteriores a la guerra. Números similares a los publicados por COGAT, que dan cuenta del ingreso de 400.000 toneladas de alimentos a Gaza desde el 7 de octubre – “lo que supone algo así como 0.75 Kg de alimento por cada hombre, mujer, niño y bebé en Gaza por cada día de guerra”.

El 13 de junio, según COGAT, las cifras eran las siguientes:

Según COGAT entra ayuda humanitaria, pero Naciones Unidas no distribuye a un ritmo aceptable – ni con la urgencia que sus acusaciones de “hambruna” deberían imprimirle a su accionar.

Mucho silencio. Una fabricación (“prohibición reiterada y sistemática de permitir la entrada de ayuda en Gaza”). Imágenes emotivo-morales. Y toda la entelequia conduce a la difamación “genocidio”.

El resultado, pues: propaganda para manipular la percepción de la realidad de la audiencia y generar un clima hostil hacia Israel.

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