“Cuando hay impunidad, hay injusticia.
Cuando no hay derechos ni igualdad, hay injusticia.
Cuando desde sus tumbas nos miran los rostros de nuestros muertos
y no tenemos respuestas para darles, es injusticia.
Cuando la justicia tarda en llegar, ya es injusticia.”
De Sofía Kaplinsky de Guterman,
madre de Andrea, víctima del Atentado a la AMIA-DAIA.
El Presidente argentino de entonces, Carlos Saúl Menem, atinó a comunicarse con el Primer Ministro israelí Itzjak Rabin y le dio el pésame, no admitiendo que el atentado estaba dirigido contra la sociedad argentina puesto que el edificio de la AMIA y la DAIA reflejaban la historia y acción de las dos asociaciones más representativas de la Comunidad judía argentina. El líder israelí se percató de ello y le contestó que era él quien debía darle el pésame al mandatario argentino.
Mientras la bomba se cobraba sus víctimas, una oscura trama comenzaba a tejerse entre miembros del Poder Ejecutivo, jueces y funcionarios de los Servicios de Inteligencia y la Policía. El gobierno de Menem, lejos de concentrar los esfuerzos del Estado en investigar, perseguir y condenar a los autores y cómplices del Atentado, lideró un siniestro proceso destinado a encubrir a los responsables, diluir cualquier posibilidad de justicia y convertir a la causa en el paradigma de la impunidad en Argentina.
Los máximos responsables políticos de la tragedia no fueron echados del gobierno sino premiados. Tales fueron los casos de Carlos Ruckauf, Ministro de Interior de entonces y máximo encargado de la seguridad interna, quien fuera candidato a vicepresidente en las elecciones del año siguiente al Atentado y del Secretario de Seguridad Interior Hugo Franco, trasladado a la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde ordenó destruir toda la documentación anterior a 1995 para tornar imposible la investigación de los extranjeros sirios que ingresaron al país y obtuvieron documentación argentina en tiempo récord.
La justicia que no es justicia
La “causa AMIA” apuntó a investigar en dos líneas: una que cubrió la llamada “conexión local” y otra la “conexión internacional”. La primera estuvo a cargo del ex Juez federal Juan José Galeano y llevó a un juicio oral entre los años 2001 y 2004 en el que se juzgó a Carlos Telleldín, Juan José Ribelli y otros tres policías bonaerenses. Dicho juicio fue bochornoso dado que a los dos años de iniciado, fue anulada toda la investigación sobre la que se basaba y se absolvió a todos los acusados porque el Tribunal Superior entendió que toda la causa había sido un “gran armado arquitectónico” del ex juez Galeano y que, al estar plagada de irregularidades, debía ser anulada en su totalidad.
El magistrado, entre otras graves irregularidades, pagó en forma ilegal y secreta U$S 400.000 dólares a Carlos Telleldín, imputado de haber armado y entregado la camioneta Traffic que explotó el edificio, para que cambie su declaración e involucre a varios policías bonaerenses, entre los que se destaca Juan José Ribelli. Dicho pago fue concretado con fondos de la Secretaría de Inteligencia, que lideraba Hugo Anzorreguy, y fueron autorizados por el entonces Presidente Carlos Saúl Menem.
Tras la apelación confirmada por la Cámara de Casación, intervino la Corte Suprema en su carácter de máximo tribunal del país. Con gran atino, consideró que no era correcto anular toda la investigación y que buena parte de ella debía mantener su validez porque no se encontraba alcanzada por las irregularidades del Juez Galeano. De esta forma, ordenó revocar la absolución de Carlos Telleldín (último tenedor conocido del coche-bomba antes del atentado) y de los ex policías por los delitos comunes y juzgarlos ya que existía prueba “no contaminada”. De esta forma, los principales acusados de ser la “conexión local”, que hoy se encuentran en libertad, vuelven a ser investigados y en breve procesados.
Finalmente, el máximo Tribunal envió un mensaje contundente a todas las instancias institucionales, al sostener que “la extrema gravedad de los hechos así como su repercusión y desgraciadas consecuencias, imponen el mayor de los esfuerzos en la recolección de evidencias en pos de arribar a la verdad”.
Irán: el principal sospechoso
Las investigaciones del Atentado dieron un gran vuelco cuando el fiscal Alberto Nisman fue elegido para liderar un equipo especial de la fiscalía del fuero federal. Luego de un exhaustivo trabajo, dio a conocer un informe detallado de más de 800 páginas, en el que distintos ciudadanos iraníes fueron acusados de planificar y organizar el Atentado a la AMIA.
Las conclusiones fueron tan contundentes que el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral adoptó las recomendaciones e implementó las órdenes judiciales de arresto internacional contra seis iraníes acusados (Mohsen Rabbani, Imad Fayez Mughniyah, Ali Fallahijan, Ahmad Reza Asghari, Ahmad Vahidi y Mohsen Rezai). El Comité Ejecutivo de la INTERPOL lo avaló y emitió dicha orden de captura internacional.
Mohsen Rabbani, antiguo consejero cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires, es uno de los principales acusados porque habría participado de la reunión donde se decidiera el atentado el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iraní de Mashad. Además, se lo vio recorriendo concesionarias para comprar una Traffic similar a la usada en la voladura de la AMIA y abrió una cuenta bancaria, al retornar de la reunión de Meshad, con grandes y sospechosos movimientos.
Si bien muchos iraníes críticos del régimen de su país lo señalaban como organizador del atentado, la entonces Corte Suprema de Justicia, adicta al gobierno del Presidente Menem, no permitió que se indagara al funcionario por su condición de diplomático. Consecuentes con el afán de sepultar cualquier investigación que arrojara resultados efectivos, la Cancillería argentina le sugirió en 1998 a Rabbani que abandonara el país por las pruebas que lo incriminaban con el Atentado.
Mohsen Rabbani es el mismo funcionario que fue recientemente vinculado con los dos terroristas islámicos de Guyana, Abdul Kadir y Russel Defreitas, condenados por intentar volar los depósitos de combustible y el oleoducto del aeropuerto de New York en 2007. Otro diplomático iraní acusado es Ahmad Reza Ashgari (conocido como Mohsen Randjbaran), quien abandonó sorpresivamente Argentina días antes del atentado, al igual que el embajador Hadi Soleimanpour y los embajadores de Irán en Chile y Uruguay, con destino a Frankfurt.
Pese a las pruebas que lo incriminaban con el Atentado, a la orden de máxima prioridad de captura internacional ordenada por la INTERPOL y al pedido argentino de colaboración a Irán, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad optó por proteger al acusado Ahmad Vahidi y lo designó Ministro de Defensa. Tras ser consultado por el caso AMIA, el Presidente iraní aconsejó al Gobierno argentino “buscar el interés y beneficio para todos, en vez de cumplir con el interés de una minoría de sionistas” (como si conocer la verdad del Atentado no fuera una cuestión que involucra e importa a todos los argentinos). La Cancillería argentina consideró a dicha designación de Vahidi “una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas”.
La trama que debe ser develada
En otro de los juicios derivados de las irregularidades que rodearon a la investigación del Atentado a la AMIA, el juez Ariel Lijo dictó el procesamiento del ex presidente argentino Carlos Menem, su hermano Munir, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy y el ex jefe de la Policía Federal Jorge Palacios por encubrimiento. Según este dictamen, Menem y su hermano Munir obstruyeron la investigación al ordenarles al entonces jefe de la SIDE y al juez Juan José Galeano no avanzar sobre la denominada “pista siria” para proteger al comerciante Alberto Kanoore Edul, cuya familia estaba ligada a la de los Menem, y a su entorno, entre los que se encontraba Mohsen Rabbani.
A poco del estallido de la bomba en el edificio de la AMIA, Telleldín recibió una llamada de Kanoore Edul, por lo que Galeano comenzó a investigarlo. Antes de concretarse el allanamiento ordenado, el ex jefe de la Policía Federal Jorge Palacios llamó al sospechoso y le advirtió de la inminencia del mismo.
Ante las crecientes sospechas que involucraban al comerciante sirio, su padre fue a la Casa Rosada a pedir ayuda haciendo valer la amistad que unía a su familia con la del Presidente. Fue en ese momento que Munir Menem llamó al Juez Galeano para congelar la pista de Kanoore Edul, la cual recién fue reactivada tras el alejamiento de Menem del poder.
Si bien este expediente no permitirá descubrir a los autores intelectuales y materiales del atentado, resulta fundamental para contrarrestar algo de la impunidad que rodeó a la investigación. Un país en el que prevalece la justicia debe investigar acabadamente por qué el Presidente, altos funcionarios del área de inteligencia y de la Policía Federal Argentina y un juez de la Nación obraron coordinadamente para beneficiar a un sospechoso, sustrayendo medios de prueba e incorporando documentos públicos falsos.
Algunos signos positivos que no alcanzan
Vale la pena reconocer el viraje en la recepción de este tema en las cúpulas del poder argentino y destacar, como lo hacen todos los Familiares de las Víctimas, a los Presidentes Kirchner que han hecho del reclamo a Irán una política de Estado. Por cuarto año consecutivo durante su exposición ante la Asamblea General de la ONU, la Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner reclamó al régimen de Irán que acceda a extraditar a los ciudadanos iraníes acusados por la justicia argentina de haber participado en la perpetración del atentado a la AMIA. En esta última oportunidad, sorprendió a la comunidad internacional ofreciéndole al régimen islámico la selección de un tercer país neutral de común acuerdo para avanzar con el juicio.
Asimismo, durante esta gestión se ha reconocido formalmente la responsabilidad internacional del Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la falta de prevención del atentado, por las graves y deliberadas irregularidades cometidas durante la investigación judicial, por la denegación de justicia y por las maniobras de encubrimiento tendientes a garantizar impunidad a los responsables materiales y políticos.
Sin lugar a dudas, estos gestos políticos son positivos y dan esperanza de que el Estado argentino finalmente se ocupe de garantizar el fin de la impunidad en este aberrante caso. Las promesas hechas en pos de adoptar una serie de medidas tendientes a fortalecer la investigación penal, a revisar la legislación sobre la lucha contra el terrorismo y el manejo de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia, a promover los juicios políticos a los funcionarios judiciales que no investigaron y a impulsar el tratamiento de una ley general de reparaciones pecuniarias a favor de los familiares de las víctimas además de intentar cerrar heridas, constituyen los objetivos mínimos a los cuales Argentina debe apuntar para evitar que nuevos ataques terroristas sean cometidos en su territorio.
No obstante, más allá de estos signos positivos, a más de 16 años del terrible atentado que sacudió a la Argentina, aún son demasiados los escombros que no se removieron, abundan las cuentas pendientes y la impunidad sigue primando en torno al peor ataque registrado contra una comunidad judía de la Diáspora desde el Holocausto.