El 24 de enero de 2012, el diario El País publicaba un artículo de Ana Garralda titulado El Ejército israelí destruye un centro comunitario cofinanciado por España en el que la periodista no ofrecía en ningún momento la versión oficial israelí de los acontecimientos. Si tomamos en cuenta que la acción ha sido llevada a cabo por el Ejército israelí, cabría esperar que también fuera incluidaesavisión de los hechos.
Publica El País:
“Alrededor de las 11 de la noche del lunes, una excavadora escoltada por soldados israelíes fuertemente armados destruyó de nuevo la simbólica Beit Arabiya, una casa en la que habita una familia palestina de nueve miembros que a su vez sirve como Centro de la Paz del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas (ICAHD, en sus siglas en inglés) en la localidad de Anata, a cuatro kilómetros al este de Jerusalén”
Un centro comunitario construido gracias al altruismo no debería ser destruido, por eso, las acciones del Ejército israelí son explicadas como reprobables en todo sentido tras leer el artículo de El País. Sin embargo, los redactores no han profundizado en su investigación lo suficiente como para informar a los lectores de que el ICAHD es una ONG que tiene un plan “post hoja de ruta”, que rechaza de lleno la solución de “Dos estados para dos pueblos”, aceptada por la mayoría de la sociedad israelí, incluido Benjamín Netanyahu y el Likud, así como los moderados en Palestina.
Por el contrario, ICAHD ha declarado que esa solución es “inaceptable” e impulsa una “campaña internacional que continúe con la lucha de una solución justa” la de “un solo estado”, en palabras de Jeff Halper, líder del ICAHD.
Halper también ha declarado que rechaza la existencia de un “estado judío”, que, a su juicio, es “inviable”. Por ello, afirma que debe dejar de hablarse del “Estado judío” y sólo hablar de un Israel en donde vivirá una mayoría de palestinos y donde los judíos serán una minoría, culminando así con la realidad del Estado judío.
Además, el ICAH se ha caracterizado por apoyar fuertemente al movimiento BDS, que, entre sus acciones de “resistencia pacífica” incluye algunas como la “Flotilla de la Libertad”, que provocó la muerte de nueve personas después de que los viajeros de uno de los seis barcos prefirieran la resistencia violenta a la canalización pacífica de la ayuda humanitaria que transportaban.
El largo historial del ICAHD incluye relaciones con ONG palestinas que promueven el odio por encima del entendimiento y la negociación, como Sabeel, liderada por Naim Ateek, un activista que no ha dudado en promover el boicot contra universidades israelíes, en donde estudian jóvenes israelíes judíos, musulmanes, cristianos, drusos y agnósticos. Y que tampoco ha dudado en calificar a Israel como un país donde existe “apartheid”, a pesar de que la ciudadanía israelí, así como los derechos civiles, políticos y sociales que ésta conlleva se otorga por igual a personas de diferentes procedencias geográficas y raciales.
Ana Garralda escribe:
“Es la quinta vez en los últimos tres años que las excavadoras tiran abajo este lugar emblemático, reconstruido en cada ocasión con la ayuda de cientos de personas procedentes de todo el mundo, muchos de ellos jóvenes, y con el apoyo continuo de instituciones internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)”.
No podemos dejar que lado que la AECID es, en efecto, una agencia que utiliza recursos públicos de los contribuyentes españoles para promover proyectos en el extranjero. Sin embargo, en el pasado, la agencia ha financiado algunos proyectos que, a pesar de presentarse como pacíficos han resultado ser, a posteriori, promotores del prejuicio. Por ejemplo, el Comité contra la Demolición de Casas Palestinas (ICADH) recibió 105,000 euros de la AECID, mientras su fundador aboga por la disolución de Israel. Otras, como la organización Rabinos para los Derechos Humanos, acusan a todos los judíos de ser “racistas”. Este último recibió 7,000 euros de la agencia española.
Por tanto, a pesar de las buenas intenciones del Gobierno de España, que controla la AECID, los recursos públicos han conseguido ser desviados por grupos promotores de la confrontación y detractores del diálogo.
En este sentido, el artículo publicado por el diario español podría haber sido más minucioso, más preciso y poner sobre la mesa preguntas que invitaran a la reflexión del lector o, bien, podría haber aportado más información sobre los organismos a los que citó. Entre las preguntas que podrían aclarar la postura del ICADH, se encuentran: ¿Qué es el ICADH?, ¿qué promueve?, ¿tenía el ICADH competencia sobre el centro destruido?, ¿eran lícitas y pacíficas todas las actividades que allí se efectuaban?, ¿cuál es la versión israelí oficial de lo sucedido?, ¿por qué los grupos receptores de la ayuda de la AECID han utilizado esos fondos para promover el terrorismo, al nombrar centros y actividades con los nombres de fundamentalistas suicidas?
Explica Ana Garralda:
“Beit Arabiya acoge cada verano a varios grupos de trabajo, que realizan campamentos de verano para la reconstrucción de viviendas. Durante todo el año funciona como centro para visitantes”.
La construcción de centros donde se realizan actividades de verano, deportivas o comunitarias no tiene por qué ser penalizada por ninguna autoridad. Sin embargo, algunos de los proyectos altruistas para ayudar a palestina han resultado en publicidad gratuita para la apología del terrorismo.
Por ejemplo, el torneo de fútbol de Belén nombrado Abu Daoud, en memoria de uno de los terroristas palestinos que perpetró la masacre de Munich de 1972, donde 13 atletas israelíes fueron secuestrados y asesinados a ojos de todo el mundo durante los Juegos Olímpicos.
El centro de Computación de Hebrón, construido en 2009, que recibió el nombre de centro Dalal al Mughrabi, responsable de un atentado terrorista que mató a 37 personas en Israel, entre ellas 12 niños, en 1978.
Así, la parte oscura sobre el destino de la ayuda altruista de la AECID permanece oculta en el artículo publicado por el diario, lo cual motiva la redacción de este texto, que intenta aportar mayor contexto a los programas de ayuda al desarrollo, que no siempre rinden los frutos que esperan los donadores.
Según la periodista:
“Precisamente la decisión del Gobierno israelí en septiembre de 2010 de no ampliar la moratoria para la construcción de nuevas colonias fue lo que hizo descarrilar las negociaciones con los palestinos, que demandan una nueva paralización para negociar las cuestiones del llamado Estatuto Definitivo (fronteras, seguridad, estatus de Jerusalén y futuro de los asentamientos)”.
Esta afirmación axiomática carece de matiz y consigue enviar una señal equivocada sobre las negociaciones en Medio Oriente. El estatuto de los asentamientos debe ser negociado sólo durante la ronda de negociaciones final entre israelíes y palestinos y no debe ser una precondición para establecer negociaciones previas. Así lo establece la Hoja de Ruta, el documento que tanto la ANP como el Gobierno de Israel, con auspicio de la Comunidad Internacional han firmado como sendero para alcanzar la paz.
La moratoria fue interpretada por algunos como un gesto de buena voluntad por parte de Israel para establecer negociaciones con la ANP. También cabe destacar que, a lo largo de esos 10 meses de moratoria, no se logró avanzar en las negociaciones, de hecho ni Mahmoud Abbás ni Benjamín Netanyahu se reunieron durante ese periodo. Por esta razón, no cabe culpar exclusivamente al fin de esa moratoria del “descarrilamiento” de unas negociaciones que se encontraban empantanadas aún antes de comenzar la propia moratoria.
Asimismo, cabe destacar que en el acuerdo de paz firmado entre Israel y Egipto en 1981, el primer país devolvió al segundo la Península del Sinaí, previo desmantelamiento de los asentamientos israelíes, a cambio de firmar una paz duradera para la región. Este precedente ha demostrado que Israel es capaz de hacer concesiones territoriales a cambio de una garantía de paz. En una ocasión más reciente en el tiempo, en 2005, Israel desmanteló 9,000 asentamientos en la Franja de Gaza, tras renunciar de forma definitiva a permanecer en ese territorio.
En suma, los asentamientos no han sido un obstáculo para negociar la paz en el pasado. Algunos afirman que recurrir a ese argumento para justificar el empantanamiento de las negociaciones no contribuye a avanzar en la Hoja de Ruta.
Es importante que en un artículo informativo, estos matices sean tenidos en cuenta, ya que los lectores tienen derecho a una visión más amplia de lo que sucede en la zona.