Juan Gelman, poeta de pluma notable, suele otorgarse ciertas licencias poéticas a la hora de escribir un texto periodístico (sea o no, de opinión) olvidando que, en esta faceta, las evidencias, el contexto; la fiabilidad de las fuentes (conocer sus intereses creados) y la variedad de las mismas, no pueden dejarse de lado.
El Instituto Gatestone reprodujo extractos del discurso de Shelby Steele – especializado en el estudio de relaciones interraciales y multiculturalismo – en la conferencia Los peligros de la Intolerancia Global: La ONU y Durban III. En aquella oportunidad dijo que las “verdades poéticas” son maravillosas, porque ningún hecho ni la razón las pueden penetrar. Y sostenía que los medios de comunicación alimentan esta “verdad poética” y le confieren una suerte de gravedad que, de lo contrario, no tendría.
En la contratapa de Página12, del 7 de febrero de 2013 (La violación de derechos humanos como negocio), el poeta escribía:
“Creada [la misión internacional de la ONU] por la Resolución 19/17 del Consejo de Derechos Humanos (CDH), presidida por la eminente jurista francesa Christian Chanet e integrada por otros tres jueces, su tarea consistió en averiguar la situación creada por los asentamientos israelíes ilegales en esos territorios.
El gobierno israelí no permitió el acceso del grupo a Cisjordania, pero a lo largo de seis meses sus miembros registraron los testimonios de palestinos habitantes de esa zona que limita con Jordania. La conclusión central de la misión: Israel comete una serie de violaciones de los derechos humanos…”
Uno se pregunta, ¿si nombra a la jurista francesa, por qué no hace lo propio con los otros jueces? Y, ¿por qué es eminente Chanet? ¿Qué faceta de su trabajo la convierte en tal?
Por cierto, las otras dos jueces (no tres), eran Unity Dow, de Botswana y Asma Jahangir, de Pakistán.
A su vez, Gelman mencionaba la resolución que creaba la misión “investigadora”, pero olvidaba mencionar que ya en la propia resolución se prefiguraban los resultados de la “investigación”. ¿No es llamativo?
Según apuntó la organización BBC Watch:
“En Marzo de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la aceptó un borrador de la resolución propuesto por Bolivia, Cuba, Palestina, Mauritania (en representación del grupo Árabe), Pakistán (en nombre de la Organización Islámica de Cooperación, o OIC) y Venezuela. […] Tres de los que proponentes son miembros de la OIC.”
Al momento de aprobarse la resolución, nueve de los trece miembros del Grupo africano y nueve los treces miembros del Grupo asiático, del Consejo, eran miembros del OIC.Otra vez, ¿no es llamativo?
Gelman decía:
“El informe indica que los asentamientos israelíes consumen el 80 por ciento de toda el agua extraída en esta zona y nunca sufren cortes, como ocurre con la población palestina… Los colonos asentados en Cisjordania –anota el informe– consumen 400 litros, los palestinos sólo 73 y los beduinos apenas 10.”
¿Tuvo en cuenta el “informe”, al examinar los consumos de agua de israelíes y palestinos, que sólo debe considerase el ‘agua dulce’, que es la que se encuentra en disputa? El agua residual tratada y el agua de mar desalinizada son fuentes artificiales que ambas partes pueden producir y no son parte del agua natural de suministro.
Por otro lado, según un documento de Enero de 2012 del Dr. Haim Gvirtzman, del Begin-Sadat Center para Estudios Estratégicos de la Universidad de Bar Ilan – The Israeli-Palestinian Water Conflict: An Israeli Perspective – desde 1967 la cantidad de agua dulce natural utilizada por Israel ha decrecido en un 66,5% per cápita (de 508 metros cúbicos/cápita/año en 1967 a 170, en 2006); en tanto que la cantidad utilizada por los palestinos en Cisjordania se ha incrementado en un 10 % per cápita (de 93 metros cúbicos/cápita/año a 129). El consumo actual sería de 150 metros cúbicos/cápita/año para los israelíes, frente a 140 por parte de los palestinos.
Pero no sólo esto, ¿tuvieron en cuenta que los palestinos rechazaron una propuesta de Estados Unidos, que había ofrecido 250 millones de dólares para construir una planta desalinizadora en en Hadera, que cubriera específicamente las necesidades palestinas?
Gelman no se inmuta, y prosigue:
“La misión de la ONU reunió además información demostrativa de que las compañías privadas israelíes han alentado y aprovechado, directa o indirectamente, la construcción y el aumento del número de asentamientos. Menciona las actividades rendidoras para las empresas: suministro de equipos y materiales a los asentamientos y para la construcción del muro israelí, equipos de vigilancia e identificación incluso para los retenes militares, equipos para la demolición de casas y la destrucción de granjas, cosechas y olivares, palestinos, desde luego. La lista sigue.”
El informe, justamente, tiene esa cualidad: es una lista de lugares comunes del señalamiento a Israel. Pero no ha “demostrado” lo que Gelman indica. Es más, sólo enumera, la evidencia brilla por su ausencia.
Y, ¿cuáles son las fuentes que utiliza el informe? ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión a partir de denuncias escritas y testimonios de personas con un claro posicionamiento ideológico respecto del tema tratado?
Sus fuentes: Ha’aretz (veáse aquí, aquí y aquí), la ONG anti-israelí B’Tselem (aquí y aquí), el periodista Akiva Eldar, la politizada ONG Yesh Din (aquí, aquí), entre otras.
Finalmente, Gelman concluye:
“Ygor [Yigal] Palmor, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que el CDH ‘sistemáticamente trata a Israel de manera injusta’ y defendió así la decisión de no cooperar con la misión de la ONU: ‘Si las cartas están marcadas, ¿se espera de nosotros que juguemos de todos modos?”’. Tenía razón, pero olvidó decir que es Israel el que las marca.”
La resolución 19/17 del Consejo de Derechos Humanos del 10 de abril de 2012 no le da la razón a Gelman:
“Expresa su profunda preocupación por… el continuo asentamiento israelí y las actividades relacionadas, en violación del derecho internacional, incluyendo la expansión de asentamientos, la expropiación de tierras, la demolición de casas, la confiscación y destrucción de propiedad, la expulsión de los palestinos y la construcción de carreteras de circunvalación, que cambian el carácter físico y la composición demográfica de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén oriental y el Golán sirio, y constituyen una violación del cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949… y recuerda que los asentamientos son un obstáculo importante para el establecimiento de una paz justa y global y a la creación de un estado de Palestina independiente, viable, soberano y democrático…”
Atención, esta es la resolución, no el informe. ¿No se percibe un pequeño sesgo anti-israelí?
Entre las conclusiones sobresalientes del informe, se ecuentran:
¿No se parecen demasiadoal texto de laresolución que creaba la misión “investigadora”? Esas cartas, ¿no estaban marcadas? Y, ¿estaban marcadas para beneficio israelí? Si fuese así, vaya forma más extraña de marcar las cartas tiene Israel, que siempre se sale perdiendo.“El establecimiento de asentamientos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este es una malla de construcciones e infraestructura que conduce a una progresiva anexión que impide la creación de un estado palestino contiguo y viable, y que socava el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. […] Los asentamientos se han desarrollado a expensas de violar las leyes de derechos humanos internacionales y el derecho humanitario internacional… […] … Los asentamientos se mantienen y se desarrollan a través de un sistema de segregación total… […] La Misión considera que, en relación con los asentamientos, Israel está cometiendo graves infracciones de las obligaciones que le incumben en virtud del derecho a la libre determinación y ‘ciertas obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario’… […] La existencia de los asentamientos ha tenido graves consecuencias sobre los derechos del los palestinos.”