Si un titular contiene la siguiente expresión, nada de lo que se diga a continuación puede ser leído, interpretado, más que a través de la misma:
“… ofensiva de acoso a las ONG de la sociedad civil…”.
El medio que defina así un tema – esto, está claro, no es tal titular, sino un marco al que se obliga a la audiencia; es una valoración que restringe todo lo que se diga sobre el tema a dicho dictamen – no pretende informar. De hecho, el lector hará bien en recurrir a otras fuentes y versiones sobre el mismo, puesto que, aún sin leer la crónica, puede estar seguro de que habrá, como mínimo, tergiversaciones y omisiones serias que sostengan la mentada afirmación que, por otra parte, es una toma de postura abierta que invalida, en esa cuestión, su pretensión de ser un informador.
La sentencia completa en cuestión decía:
“Israel se queda aislado en la ofensiva de acoso a las ONG de la sociedad civil palestina”
Israel “aislado” – paria entre las naciones -, ese sueño de los líderes palestinos y de los activistas que, a la vez que repiten, les cubren las espaldas a base de silencios.
Y el medio que la hacía era El País (21 de agosto de 2022) – que, de acuerdo al nivel de periodismo que muestra su cobertura sobre el estado judío y el conflicto árabe-palestino, bien podría rebajarse de País a Villorrio.
El texto, efectivamente, obedecía necesariamente al titular y a la finalidad del mismo: la adopción de una “narrativa” – con su obligado léxico –, de una postura ideológica, y la confusión de manifestaciones hy posturas políticas con pruebas fehacientes de exoneración:
“Los principales actores de la comunidad internacional coinciden en cuestionar las acusaciones de vinculación con el terrorismo esgrimidas por el Gobierno israelí contra organizaciones caracterizadas por el ejercicio de la resistencia pacífica y no violenta frente a la ocupación de territorios palestinos desde hace más de medio siglo”.
“Al Haq (derechos humanos), Addameer (asistencia a detenidos), Unión de Comités de Trabajo para la Agricultura, Defensa de los Niños, el centro de estudios sociales Bisan y la Unión de Comités de Mujeres de Palestina. Además de las designadas explícitamente en la orden del Ministerio de Defensa, las tropas irrumpieron también en la sede de la Unión de Comités de Trabajo para la Salud”.
La forma en que una entidad, una organización, e incluso, un gobierno, se autodefina, no siempre retrata efectivamente su actividad (de hecho, rara vez) – sin ir más lejos, la última dictadura argentina había lanzado un eslogan en 1979 que rezaba, mientras asesinaba y torturaba, “somos derechos y humanos”. Mas, para el El País eso era (convenientemente) suficiente. No hace falta verificar ni investigar más a fondo.
Ni una sola fuente israelí.
Hay, entre otros, una ONG independiente, NGO Monitor, que se dedica a investigar, entre otras cuestiones, la financiación de ONG y los vínculos de sus miembros con grupos terroristas palestinos, entre otros.
Pero esa ONG en particular, que tienen también mucho que decir sobre el tema, no aparece siquiera en el radar del medio español. Y es que, lo que ha documentado la misma tira por tierra el titular y el posicionamiento antiprofesional.
En su informe sobre las seis ONG designadas como terroristas por Israel, NGO Monitor decía advertía que desde 2007 ha publicado numerosos documentos, basados en fuentes abiertas, sobre las estrechas conexiones entre dichas organizaciones y otras ONG palestinas y el Frente Popular para la Liberación Palestina, grupo considerado terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.
Uno de esos estrechos lazos, lo representa, por ejemplo, Samer Arbid, director financiero de la Unión de Comités de Trabajos para la Agricultura (Union of Agricultural Work Committees). Arbid fue detenido en 2019 por, según oficiales de seguridad israelí, haber comandado una célula terrorista que perpetró un atentado contra civiles israelíes, en el que asesinó a la joven de 17 años Rina Shnerb e hirió a su padre y hermano. Según la acusación, Arbid prepare el artefacto explosive y lo detonó cuando vio a la familia Shnerb aproximarse.
Un ejemplo más. Khalida Jarrar, ex vicepresidenta de Addameer. Según explicaba NGO Monitor, fue condenada a dos años de prisión en marzo de 2021 por “ocupar cargos en el Frente Popular para la Liberación de Palestina desde 2016 hasta su detención en 2019”. Además, apuntaba, el 18 de diciembre de 2019, el diario israelí Jerusalem Post informó de que Jarrar se había “erigido como jefe del FPLP en Cisjordania y responsable de todas las actividades de la organización”.
Al medio español nada de esto le interesa. Porque los hechos, al parecer, sólo le interesan en tanto y en cuanto se ajusten a sus preconcepciones o sean factibles de darles un enfoque conveniente a estas.
Es un juego de insinuaciones, sugerencias, omisiones, tergiversaciones. No es periodismo. Es acaso la forma más peligrosa de la propaganda: la que se disfraza de desinteresada, imparcial, recta comunicadora de la realidad.