La agencia comenzaba informando que:
“La ong israelí ‘Yesh Din’ (Hay ley) denunció hoy el uso de agentes civiles de seguridad por el Ministerio de Defensa para proteger los asentamientos judíos en Cisjordania porque, asegura, viola el derecho internacional y erosiona la responsabilidad de Israel como potencia ocupante.
‘Otorgar poderes policiales a fuerzas quasi militares que representan los intereses de los colonos, incluidos el uso de la fuerza (…), equivale a voltear el imperio de la ley’, afirma un comunicado que acompaña el informe ‘Zona sin ley‘, en la que se expone como estos agentes están abocados a afianzar la ocupación.
Realizado durante los últimos meses para alertar sobre un problema conocido desde hace décadas, el documento asegura que los llamados ‘coordinadores civiles de seguridad’ han fracasado repetidamente a la hora de hacer cumplir la ley en Cisjordania, porque en realidad defienden los intereses de los mismos colonos”.
Del artículo, no se desprende que Efe haya realizado verificación alguna de las afirmaciones de la ONG. Por el contrario, parece el resumen del texto Abandoning Responsability (Abandonando la responsabilidad) publicado en el blog de la propia ONG, que parece tener el objetivo de demonizar la figura de estos coordinadores de seguridad.
Así, la ONG afirmaba – y Efe reproducía sin más – que los coordinadores de seguridad son:
“… una figura que Israel emplea desde 1971 y que no es más que un vecino del asentamiento con actitudes militares -generalmente, un ex oficial del Ejército- que es pagado por el Ministerio pero nombrado por la propia colonia.
Con el tiempo, estos coordinadores armados y entrenados por el Ejército, que en teoría están supeditados a su autoridad pero en la práctica responden a sus propios intereses, se han convertido en los verdaderos comandantes militares de la zona.
[…]
Tampoco ha definido el Ministerio de Defensa las limitaciones geográficas en las que pueden operar, permitiendo que muchas veces salgan de sus colonias a realizar un trabajo que por ley le corresponde al Estado”.
¿Prueba documentada de todo esto?
Mas, según un artículo del 10 de octubre de2013, del diario Ha’aretz:
“Consejos locales de asentamiento emplean coordinadores de seguridad, pagando sus salarios. El ejército es responsable de evaluar a cada uno y es también su exclusivo supervisor. Los coordinadores de seguridad de asentamientos están sujetos a la ley disciplinaria militar y las investigaciones de las FDI y los comandantes del ejército delinean los territorios dentro de los cuales pueden actuar”.
Por otra parte, en esa omisión de comprobar la información, la agencia de noticias tampoco le informaba al lector quién es la ONG y si tiene o no posibles intereses ideológicos en el asunto.
A este respecto, la organización NGO Monitor, apuntaba que las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron a un reporte de Yesh Din de 2008, afirmando que estaba viciado debido a “una interpretación errónea de los datos, a los problemáticos métodos de investigación que incluyen el apoyarse en personas interrogadas anónimas… el uso de una base de datos parcial o el defectuoso conocimiento de determinados aspectos jurídicos militares con respecto a las actividades de los tribunales, y la falta de familiaridad con el derecho penal en las áreas de Judea y Samaria y con los procedimientos de detención administrativa”.
Por su parte, un artículo de opinión de Anne Herzberg publicado por el Jerusalem Post el 15 de octubre de 2013 señalaba que:
“Según uno de sus activistas [Emily Schaffer], la organización ‘fue fundada para utilizar la ley como una herramienta para luchar contra la ocupación israelí de los territorios palestinos’.
[…]
En sus informes, actividades y asociaciones, Yesh Din intenta retratar a Israel y sus fuerzas de seguridad como ‘criminales de guerra’ que no rinden cuentas ante el estado de derecho. Dos de los activistas de Yesh Din son abogados, Michael Sfard y Emily Schaffer, actores clave en el movimiento de ‘guerra legal’ (lawfare) de ONGs, que buscar que los funcionarios israelíes sean detenidos por crímenes de guerra en el extranjero”.
¿Es una fuente imparcial?
¿Es profesional no corroborar las fuentes?
Y, ¿es profesional basarse en una única fuente (además, no chequeada)?
Para Efe, al parecer, sí. A no ser que la profesionalidad importe poco en situaciones o circunstancias puntuales.
La agencia continuaba diciendo que:
“En el territorio palestino de Cisjordania existen unos 180 asentamientos aprobados por el Estado israelí, y otro centenar de enclaves levantados por los colonos sin autorización.
Para los palestinos y para la comunidad internacional toda presencia judía en esa región es ilegal, independientemente de si ha sido aprobado por el Gobierno israelí”.
Pero, ¿es realmente ilegal?
No. Y es algo que Efe no aclara.
El profesor de Derecho en la Universidad de Yale, Geoffrey R. Watson – en su libro The Oslo Accords as Binding Agreements Between Subjects of International Law – argumenta que los Acuerdos de Oslo son vinculantes como acuerdos formales entre sujetos de derecho internacional.
En tanto que Jeffrey S. Helmreich, teórico del derecho, explicaba en un artículo de 2003 (Diplomatic and Legal Aspects of the Settlement Issue) que:
“…el acuerdo de paz alcanzado por Israel y los palestinos en Oslo, junto con el Acuerdo Provisional de 1995, permiten el crecimiento de los asentamientos así como el crecimiento – y la creación – de comunidades palestinas en los territorios disputados. Los palestinos adquirieron los derechos para la planificación y la división por zonas en el área A; en tanto que Israel retuvo los mismos derechos en área C, donde los asentamientos estaban localizados. El estatuto jurídico se debía alcanzar y decidir sólo en las negociaciones de estatus finales que, lamentablemente, nunca ocurrieron. Hasta que este punto sea alcanzado, el crecimiento de asentamientos [en el área C] permanece dentro del alcance legal de los Acuerdos de Oslo”.