En el texto del 25 de agosto de 2017, su utilización de lasfuentes – de la fuente, en realidad – servía como modelo de lo que no debe hacerse.
“Un grupo de ONG ha denunciado este viernes en un comunicado conjunto los recientes ‘ataques’ que han sufrido instalaciones educativas de Cisjordania a causa de la intervención de las autoridades israelíes, a tan solo unos días de que arranque el nuevo curso escolar, y ha reclamado que se respete ‘el derecho inalienable’ de los niños a la educación.
[…]Según las ONG, la Administración Civil Israelí ha desmantelado una escuela que estaba en su fase final de construcción en Jubbet Adh Dhib; se ha confiscado ‘la única fuente de energía’ de la escuela de Abu Nuwar – paneles solares y baterías -; y se ha emitido una orden de paralización para la escuela de otra comunidad de la zona”.
La práctica periodística seria implicarecurrir, en cambio, a la mayor cantidad de fuentes posibles – en el caso que nos incumbe, fuentes israelíes (no sólo gubernamentales, no sólo ONG pro-palestinas) y, de ser posible, a terceras fuentes. No se trata de amplificar una voz, sino de hacerle llegar al lectorla mayor cantidad de voces para que pueda informarse lo más cabalmente que sea posible(y así, eventualmente, formarse una opinión sobre el tema).Además, conlleva contextualizar la información, brindando la mayor cantidad factiblede datos, como, por ejemplo, que Jubbet Adh-Dhib se encuentra en el Área C (bajo los Acuerdos de Oslo suscritos por palestinos e israelíes), que está bajo control administrativo y militar israelí. Así pues, el redactordebería dirigirse a las autoridades competentes (por ejemplo,al COGAT; o si no pudiese, buscar en la web más información al respecto) para inquirir por los motivos de dicho desmantelamiento. Es de destacar, que hasta la agencia palestina de noticias Ma’an, fuente recurrente de Europa P, y que no “peca” de imparcialidad, precisamente, indicaba el 18 de agosto de 2017 (crónica que actualizada el 23 de agosto) que un portavoz de la administración civil israelí indicó que las estructuras no habían recibido los permisos necesarios, y que la construcción era, según dicho funcionario,ilegal.
Por otra parte, y “curiosamente”, a pesar de que las ONG “denunciaban” que la educación “en el territorio palestino ocupado [un término ideológicamente cargado , amén de falso, pues los mismos han de definirse mediante acuerdos entre palestinos e israelíes] se está erosionando cada vez más, acompañado de riesgos de protección de la infancia que son tan severos”; ni éstas ni la agencia de noticias hacían mención a las políticas educativas de la Autoridad Palestina – por ejemplo,que dicha Autoridad establece los siguiente salarios: para un maestro palestino, de unos 640 dólares por mes; para un terroristapalestino – creciente según la condena (es decir, según el delito), desde 400 dólares por mes para penas de cero a tres años de cárcel, hasta 3438 dólares por mes para penas de treinta años o más.
El dinero destinado al pago de presos y familiares de “mártires” supone casi la mitad de la ayuda internacional recibida por la Autoridad Palestina… No es baladí.
Ya se ve por dónde anda la prioridad “educativa” de la Autoridad Palestina…
