La incriminación de Rotem Singer, ciudadano israelí y turista en Chile, de haber causado el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia chilena poco antes del año nuevo 2012, dio lugar a una serie de actos de odio, tanto verbales como de violencia física, contra israelíes y hacia la comunidad judía de Chile. El presidente de esta comunidad, Shai Agosin, expresó entonces su frustración de no contar con ningún instrumento legal para sancionar a los ejecutores de estos actos. El líder comunitario se había visto profundamente ofendido por las declaraciones blasfemas de dos senadores nacionales, Eugenio Tuma y Fuad Chain.
A partir del incendio y la acusación del ciudadano israelí, los israelíes en general fueron objeto de discriminación en la hotelería y de acusaciones infundadas en la prensa. Por ejemplo, Revista de Medio Oriente escribió en ese momento: “La revista chilena CARAS, se hace eco de todos los rumores que circulan en el sur de Chile, sumados a los registros de confabulaciones de los judíos y de Israel de apoderarse de la Patagonia.”
La violencia verbal permitió a los ya existentes neonazis desatarse en ataques físicos. Dos jóvenes judíos – David Grosman y Daniel Zamudio- fueron golpeados brutalmente en la calle en ocasiones diferentes, mientras sus asaltantes les gritaban insultos antisemitas. En una ocasión, la gente alrededor no ofreció ni agua ni ayuda alguna.
Revista cubrió estos incidentes y también abrazó la idea de que una ley antidiscriminación era imprescindible en una democracia como la chilena.
La nueva ley antidiscriminación ha pasado finalmente por el congreso chileno y espera su promulgación – o puesta en vigencia – para junio. Escribe el diario La Segunda.com:
Según la nueva ley, casos de discriminación son “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable” y que puede ser efectuada tanto por particulares como por el Estado. Estas distinciones se pueden basar en motivos como la raza, nacionalidad, situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia. También pueden ser motivos de discriminación el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”
Varios abogados en Chile han recibido visitas de ciudadanos interesados en utilizar la nueva ley para su protección. Los casos de discriminación en Chile han sido numerosos y serios. Se han planteado contra gitanos, discapacitados, VIH positivos, homosexuales, mapuches, mujeres, judíos y otros. “Es que una vez que la ley se promulgue, cualquier persona que sienta que recibió un trato vejatorio por su raza, religión o tendencia sexual -además de otras 14 categorías- podrá pedir a los tribunales que sancionen al ejecutor.”, escribe La Segunda.
Los medios de comunicación tendrán que utilizar un nuevo y estricto escrutinio antes de publicar ideas discriminatorias, un hecho que no puede ser más que positivo en iniciar el camino a la igualdad y el respeto en una sociedad democrática. Según La Segunda, el abogado Edgardo Reinoso, profesor de Derecho de Daños de la Universidad de Valparaíso, recuerda que una vez que conoció la aprobación de la legislación “llegó a verme una pareja de origen judío que estaban buscando algún mecanismo de protección de los medios de comunicación, ya que les molestaba que cada vez que alguien de su comunidad tenía un problema legal se mencionaba que eran judíos. No ocurría lo mismo cuando atrapaban a un delincuente que era católico, ahí nadie hacía distinción”.
La nueva ley permitirá que tanto los medios de comunicación, como los representantes de gobierno, los maestros y todo otro ciudadano, sean llevados ante la justicia por causar daños psicológicos o físicos a partir de la estigmatización y el prejuicio. El debate y la argumentación alimentarán la concientización de los ciudadanos, que tendrán que apelar a sus mejores instintos en el trato de sus conciudadanos minoritarios.
En Chile la nueva ley es ampliamente debatida en estos momentos. Así por ejemplo, “para la directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, Marcela Fajardo, lo importante de la ley es que “es el Estado el que está en contra del acto de la discriminación”. Pero agrega que “deberá verse en terreno la aplicación antes de hacer una evaluación y cantar victoria”.
Otros no encuentran sentido al castigo que impondrá la ley. Alejandro Hernández, presidente de la Fundación de Discapacitados, los que han sido objeto de profunda discriminación en Chile, plantea “sus reparos a la nueva ley, que establece multas para los autores de hechos discriminatorios, yendo la recaudación a las arcas fiscales: “¿No sería mejor que las multas fueran en beneficio de los discapacitados y sus familiares?”, apunta Hernandez.
Dado el nivel de desamparo que ha sentido la comunidad judía de Chile, y especialmente en el período de tiempo que siguió a la captura de Singer, el presidente Shai Agosin, indicó que ante la falta de una ley antidiscriminación, la comunidad llevaría el caso a la justicia internacional. Al parecer, ya existían precedentes para este recurso. La Corte de Derechos Internacionales con sede en Washington, DC, falló contra el Estado de Chile a favor de una profesora de religión y una jueza chilenas, ambas discriminadas por ser homosexuales. “El Estado fue condenado, entre otras medidas, a que se haga un acto público de reconocimiento de responsabilidad, a pagar 72.000 dólares y a que se capacite a funcionarios públicos y de Justicia sobre la no discriminación.”
De hecho, la nueva ley exige que el Estado genere políticas e intervenciones de prevención de la discriminación.
La nueva ley antidiscriminación, una vez que sea puesta en vigencia, evitará que los sujetos afectados tengan que acudir a tribunales internacionales y elevará el debate sobre la tolerancia y la justicia al nivel nacional y local en Chile, educando a sus ciudadanos sobre los valores de la democracia. Los judíos de Chile, en particular, ya han sufrido años de antisemitismo institucionalizado en todos los ámbitos, y es en buena hora que finalmente cuenten con este recurso legal para apelar a la justicia con el respaldo del Estado.