Cómo si no, se explica la fijación sobre dicho conflicto y el casi sistemático silenciamiento de aquellos hechos que ponen en duda a quienes acusan a Israel y que desmienten dichas afirmaciones.
La más reciente de estas omisiones tiene que ver con los resultados deuna investigación de la organización UN Watch, que deja al descubierto la relación subyacente entre el informe que está elaborando la comisión “investigadora” nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) – que, hasta su renuncia, estaba presidida por William Schabas – y el informe de 2009, redactado por la llamada comisión Goldstone. Y, más precisamente, con quiénes están detrás de la redacción de este tipo de informes; es decir, quiénes son y cuáles son sus motivaciones o posicionamientos ideológicos – aunque debería presuponerse que no existe otra motivación que la búsqueda de la verdad, que prima el camino de las pruebas, de los hechos… Pero la realidad es bien distinta.
Hillel Neuer, director ejecutivo de la organización UN Watch, señalaba en un artículo publicado por The Tower, que “entender quién escribió el informe de 2009 — y cómo el establishment detrás del mismo permanece en su lugar — constituye una refutación directa a la última campaña de los partidarios del Consejo de Derechos Humanos y de grupos de activistas para salvar la reputación y la legitimidad de la llamada Comisión Goldstone II que investiga presuntos crímenes de guerra israelíes [durante la operación Margen Protector]”.
Pero, antes de avanzar en este sentido, es preciso recordar que, como describía Emilio Cárdenas, ex embajador argentino ante las Naciones Unidas, en un artículo publicado en abril de 2011 por el diario argentino La Nación:
“… Richard Goldstone publicó una clara retractación del contenido y conclusiones de su Informe… desde las páginas del Washington Post. Allí admitió inequívocamente que, con la información de que hoy dispone, está ahora seguro que el daño producido a civiles inocentes palestinos por las acciones militares israelíes no fue intencional. Ya no menciona siquiera lo que antes calificó de ‘uso desproporcionado’ de la fuerza. Y aprovecha para confirmar algo para muchos obvio: esto es, que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo encargo en su momento aceptara, tiene prejuicios claros contra Israel”.
Entonces, volviendo al planteamiento de Neuer, ¿quién o quiénesredactaron realmente dicho informe?
Precisamente, el director de UN Watch comenzaba a aclarar el asunto:
“Parte de la respuesta al misterio del Informe Goldstone es bien conocida: [el juez sudafricano] no fue el único comisionado. Goldstone estaba acompañado en el panel por otros tres miembros, cada uno de los cuales era conocido por tener posturas unilaterales respecto de Israel: Hina Jilani de Pakistán; Christine Chinkin, quien declaró a Israel culpable antes de comenzar a trabajar en la comisión; y el Coronel Desmond Travers, que afirmó que ‘los lobistas judíos’ controlan la política exterior del Reino Unido. Evidentemente, ya que el informe se ocupó ampliamente de supuestas violaciones del derecho internacional, Chinkin, profesor de derecho, jugó un papel importante en el mismo.
Sin embargo, lo que nadie ha entendido o apreciado hasta ahora es el papel decisivo en el ‘proceso’ desempeñado por la Oficina de del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR por sus siglas en inglés)”.
Neuer explicaba, entonces, que la OHCHR – que desde el 2008 hasta este pasado verano estaba presidida por la Comisionada Navi Pillay (véase también aquí), quien declaró que “el gobierno de Israel trata al derecho internacional con perpetuo desdén” – sirve al CDH llevando a cabo sus investigaciones, redactando informes solicitados y actuando a lo largo del año como su secretariado. Y además, comentaba que esta oficina juega un papel decisivo en la designación de los jueces de las comisiones investigadoras.
Y resaltaba:
“… más importante aún, luego de que los comisionados sean designados, el papel de la OHCHR sólo aumenta. Los comisionados sólo hacen unos pocos y breves viajes a Ginebra con el fin de escuchar los testimonios, discutir la evidencia y ofrecer orientación.
La redacción es llevada a cabo por personal compuesto por funcionarios de la OHCHR y por personal externo contratado para el proyecto por la propia OHCHR”.
Es decir, la importancia de la OHCHR en todo el proceso de la investigación es, de esta manera, evidente y sumamente destacado. Y, aun así, este papel notable no ha sido reflejado por los medios de comunicación como parte del contexto que coadyuva a esclarece las motivaciones de índole ideológico que existen detrás de la formación de comisiones nombradas por el CDH para “investigar” las acciones defensivas de Israel.
Justamente una investigación – en el sentido de las diligencias y actividades que llevadas a cabo para descubrir algo; y no en el utilizado por la CDH, de confirmar los prejuicios – de UN Watch ha revelado que el personal externo contratado por la OHCHR incluía a “algunos de los activistas anti-israelíes más radicales”.
Dos de las personas contratadas sobresalen debido a su papel destacado en la comisión de “investigación” del proceder de Israel durante el transcurso de la operación israelí Plomo Fundido: eran, ni más ni menos, las principales personas de contacto en “cuestiones sustanciales”.
Una de ellas era Sareta Ashraph que era, y continúa siendo, miembro de Amnistía Internacional, una de las principales organizaciones que acusaban a Israel de crímenes de guerra en 2009, y que insistieron y defendieron una investigación de la ONU. A su vez, Ashraph fue la principal organizadora de una conferencia en Londres a nombre de los Abogados por los Derechos Humanos Palestinos, presentando, entre otros, al activista para la guerra legal contra Israel Raji Sourani – que en 2007 justificaba los ataques de Hamas como “resistencia.
Además, según la organización NGO Monitor, Ashraph ha estado involucrada en varias ONG pro-palestinas y en campañas de “guerra legal” contra Israel.
Pero lo que no se sabía hasta ahora, y que la investigación de UN Watch desveló, es que una de las figuras clave del personal – debido a sus publicaciones anti-israelíes, su activismo y su papel de liderazgo en la guerra legal – era exponencialmente más problemática: Grietje Baars, una profesora de derecho en Londres.
Neuer indicaba que la OHCHR debería haber sabido de su prominente posicionamiento contra Israel, como demuestra un artículo de 2007 publicado en el the Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, en el que Baar analizaba la jurisprudencia y sugería las mejores prácticas en lo relativo a los esfuerzos de la guerra legal palestina contra Israel, y para el movimiento de boicot a compañías que hacen negocios con Israel, realizando numerosas comparaciones con los juicios de Nüremberg contra los nazis.
A su vez, publicaciones de Baars posteriores al Informe Goldstone, también acusaban a Israel de “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones graves”.
Y, además, el director de UN Watch sostenía que:
“… la OHCHR también debería haber sabido que Baars es mucho más que una académica: era una acérrima activista anti-israelí que había llegado a convertirse en una figura prominente del movimiento de guerra legal global – una campaña mundial para erosionar la posición internacional de Israel a través de la tergiversación del lenguaje y los mecanismos del derecho internacional, con el objetivo de socavar la capacidad de Israel de defenderse, al poner al poner a país sobre aviso de que cualquier medida tomada contra terroristas que se ocultan entre civiles, lo pondrá bajo la lupa internacional”.
A tal punto Baars era lo opuesto a la neutralidad, imparcialidad y objetividad previstas en la Carta de la ONU, que en un foro público, en 2007, llego a ofrecer consejos a los viajeros que tuvieran algo que ocultar sobre cómo pasar a través de la seguridad israelí. Es más, como representante de la ONG sueca Diakonia – cuyo programa International Humanitarian Law, según la organización NGO Monitor, “promueve la narrativa palestina y la ‘guerra legal’ contra Israel”, a la vez que “promueve un inventado ‘derecho a resistir’ (significando terrorismo)” – viajó a Gaza para reunirse, entre otros, con el Dr. Maher al-Huli, oficial de Hamas y Decano de la Facultad de Sharía y Derecho en la Universidad Islámica, con sede en Gaza. Según relataba el director de UN Watch, el diario The New York Times denominó a dicha institución “un de los principales medios de Hamas para convertir a los palestinos a la causa islamista” y el lugar donde se ocultaron armas durante el enfrentamiento de 2007 con Fatah.
Y, precisamente debido a que Diakonia presentó observaciones ante la comisión Goldstone, el trabajo de Baars anterior a 2009 con el grupo podía incluso haber constituido un conflicto legal de intereses para su desempeño como funcionaria de la investigación.
Ya son demasiados casos de conflictos de intereses que se van acumulandoen las comisiones de “investigación” nombradas por el CDH: Baars, Christine Chinkin, Schabas… O tal vez, a fin de cuentas,no se consideren “conflictos de intereses” aquellas situaciones en las que, de hecho, la “investigación” no busca descubrir, sino “confirmar o validar” los prejuicios y acusaciones iniciales.
Dada la experiencia de Baar – concluía Neuer – y sus credenciales entre los activistas palestinos y en la llamada ‘guerra legal’ internacional, sumada a su experiencia en la redacción de textos legales, podría decirse que fue el miembro más influyente tras bambalinas de la investigación Goldstone. Como investigadora de primera línea, fue responsable de ser el primer contacto para muchos de los testigos que ofrecían su testimonio. Como tal, estaba en posición de priorizar las evidencias entrantes, una responsabilidad crítica que una investigación objetiva sólo asignaría a un verdadero experto imparcial. Así, de manera no sorpresiva, muchos de los grupos de ONG dedicados a la ‘guerra legal’ que participaron en una conferencia que Baars organizó en 2008, aparecieron prominentemente como fuentes de pruebas en el informe Goldstone.
Entonces, surge una pregunta inevitable: ¿existen razones para esperar un informe justo, objetivo y creíble de esta nueva comisión que “investiga” el accionar israelí durante la operación defensiva Margen Protector de 2014?
La respuesta – luego de lo que queda al descubierto acerca del papel sesgado de la OHCHR compilando evidencia, procesando presentaciones y eligiendo el personal que redactaría los capítulos del informe Goldstone y sus conclusiones – parece ser negativa o, cuanto menos, nada halagüeña.
A fin de cuentas, fue la propia OHCHR, que ya en 2009 eligió a Baars, la que designó en 2014 a Schabas para liderar la investigación, a pesar de saber que tan sólo unos meses antes había sido rechazado para un mandato de la ONU similar para investigar a Israel, debido, ni más ni menos, a su falta de imparcialidad…
Pero los medios de comunicación tenían a su disposición elementos más inmediatos – para llegar a los cuales no hacía falta realizar investigación alguna – para advertir lo irregular de las comisiones “investigadoras”: los textos de las resoluciones que llamaban a la formación de las mismas, tanto en 2009 como en 2014, contenían, ya de antemano, el veredicto de las “indagaciones”. Es decir, contenían la evidencia del sesgo anti-israelí del que partían:
La resolución A/HRC/RES/S-9/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 12 de enero de 2009 decía:
“Constatando que la masiva operación militar en curso de Israel en el territorio palestino ocupado, en particular en la Franja de Gaza ocupada, ha causado violaciones graves de los derechos humanos de los civiles palestinos que allí viven, exacerbado la grave crisis humanitaria del territorio palestino ocupado y socavado los esfuerzos internacionales por lograr una paz justa y duradera en la región,
Constatando que el asedio impuesto por Israel a la Franja de Gaza ocupada, que incluye el cierre de los pasos fronterizos y la interrupción del suministro de combustible, alimentos y medicamentos, constituye un castigo colectivo y tiene desastrosas consecuencias humanitarias y ambientales,
1. Condena enérgicamente la operación militar de Israel que tiene lugar actualmente en el territorio palestino ocupado, particularmente en la Franja de Gaza ocupada, que ha resultado en violaciones masivas de los derechos humanos del pueblo palestino y en la destrucción sistemática de las infraestructuras palestinas;
5. Exige a la Potencia ocupante, Israel, que deje de dirigir ataques contra la población civil y contra instalaciones y personal médicos y ponga fin a la destrucción sistemática del patrimonio cultural del pueblo palestino…
6. Exige también a la Potencia ocupante, Israel, que levante su asedio …
8. Pide que se adopten medidas internacionales urgentes para fin de poner fin inmediatamente a las graves violaciones cometidas por la Potencia ocupante, Israel, en el territorio palestino ocupado, particularmente en la Franja de Gaza ocupada;
14. Decide enviar una misión internacional urgente e independiente de investigación, que será designada por el Presidente del Consejo, para que investigue todas las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de la Potencia ocupante, Israel, contra el pueblo palestino en todo el territorio palestino ocupado, particularmente, en la Franja de Gaza ocupada, debido a la agresión actual, y exhorta a Israel a no obstruir el proceso de investigación y a cooperar plenamente con la misión;”
El 23 de julio de 2014 la página web oficial del Consejo de Derecho Humanos de la ONU, el borrador de la resolución decía que el Consejo:
“… condena en los términos más enérgicos las generalizadas, graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y las libertades fundamentales derivadas de las operaciones militares israelíes llevadas a cabo en el territorio palestino ocupado desde el 13 de junio de 2014 que puede equivaler a crímenes internacionales, resultando directamente en la matanza de más de 650 palestinos, la mayoría de ellos civiles y más de 170 de los cuales son niños… y decide enviar urgentemente una Comisión Internacional de investigación independiente para investigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, particularmente en la ocupada franja de Gaza, en el contexto de las operaciones militares realizadas desde el 13 de junio de 2014 y que informe al Consejo en su vigésimo octavo período de sesiones”.
Todo decidido – definido – a priori. La “investigación”, era, a lo sumo, un eufemismo, una puesta en escena que, leyendo estas resoluciones, nadie que no quisiera creer, creería.
Todo decidido… De la misma manera en que los medios de comunicación parecen haber decidido obviar estos hechos extraordinarios; dejando de lado, así, algunas de sus obligaciones o buenas prácticas periodísticas: la indagación de aquello que va más allá de lo superficial, de lo meramente visible, o aparente – aunque en el caso de estas resoluciones, no había que profundizar en absoluto.
De este modo, en su amplia mayoría, los medios les han presentado (y continúan haciéndolo) a sus lectores crónicas en las que se omitía la gravísima parcialidad y sesgo contra Israel existente en el Consejo de Derechos Humanos, así como en otras oficinas o cuerpos de las Naciones Unidas; y el hecho de cómo las “investigaciones” (y el informe posteriore) fueron llevados a cabo por personas estrechamente vinculadas a grupos anti-israelíes que, a su vez, prestaron testimonio y facilitaron “pruebas” en esas mismas “indagaciones” – amén de muchas otras organizaciones similares.
Lo que habitualmente se convertiría en una carrera por una primicia informativa, en este caso se transformaba en una estampida de silencio que parecía querer resguardar la “legitimidad” de otro señalamiento de Israel.