La realidad… Esa que se silencia tan convenientemente cuando no se ajusta a la antedicha propaganda, o “narrativa”, según se prefiera.
La organización Palestinian Media Watch informaba el 27 de febrero de 2019 que debido a la crisis surgida entre Israel y la Autoridad Palestina (AP) a consecuencia de los pagos a palestinos presos en cárceles israelíes (por crímenes vinculados al terrorismo; muchos de ellos condenados por delitos de sangre) – Israel descontaría la parte proporcional de impuestos (unos 11 millones de dólares al mes) destinadas a tal fin -, dicha autoridad no aceptaría ninguna transferencia (unos 185 millones de dólares al mes, menos la deducción).
Por ello, y de acuerdo al diario oficial de la Autoridad Palestina, el Al-Hayat Al-Jadida, apuntaba el 22 de febrero de 2019 que el Ministerio de Finanzas de la mencionada autoridad había anunciado que “pagarán los salarios de los empleados públicos a tiempo, pero es probable que sean parciales; aparte de los estipendios de pensión y los subsidios de las familias de los mártires, los heridos y los presos, que se pagarán en su totalidad”.
Es decir, los “subsidios” de aquellos que llevaron cabo ataques (acuchillamientos, atropellos, tiroteos, etc.), son mucho más relevantes que el pago a maestros y médicos, por ejemplo. El mensaje a la sociedad es estruendoso y claro: importa más destruir al “enemigo” que construir un estado, un futuro para los ciudadanos propios.
El estado, cada vez más, se va pareciendo a una excusa en la que resuenan las declaraciones de Zahir Muhsein, que fue miembro del Comité Ejecutivo de la OLP – durante una entrevista concedida al diario holandés Trau el 31 de marzo de 1977:
“ La creación de un Estado Palestino es sólo un medio para continuar la lucha contra el estado de Israel”.
El Primer Ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdallah, lo aclaraba a su manera:
“… el pago del dinero a los presos y a las familias de los mártires es nuestra responsabilidad, no un regalo o una subvención, sino más bien una parte inseparable del contrato social entre el estado y sus ciudadanos”.
Un “contrato” en el que, para comenzar, la mayoría debe aceptar los designios de quienes ya hace nueve años agotaron su mandato de cuatro, y siguen sin convocar a elecciones. Un “contrato” en el cual la construcción de ese mismo estado es relegada, con suerte, a un segundísimo plano, anteponiendo la “causa”, la “lucha”, y su traducción en actos violentos, a toda posibilidad de desarrollo – es decir, a toda posibilidad deconsecución deun estado.
Un “contrato” que ya de entrada parece,pues,viciado de nulidad.
Un “contrato” que ningún ciudadano en su sano juicio suscribiría – y que, por tanto, sólo puede ser impuesto.