En tanto que el 21 de julio de 2020, y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el propio Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Nikolái Mladenov, decía:
“El reto de hacer frente al rápido aumento de los casos en Cisjordania y de impulsar los esfuerzos de prevención en Gaza se ha visto considerablemente agravado por el fin de la coordinación entre la Autoridad Palestina e Israel. La negativa de la Autoridad Palestina a aceptar cualquier ingreso de liquidación transferido por Israel ha exacerbado una crisis fiscal ya preocupante y ha afectado la prestación de servicios. Ha bloqueado efectivamente la capacidad de los pacientes para viajar desde Gaza para recibir tratamiento fuera de la Franja y ha provocado retrasos en la entrega de la asistencia humanitaria y los materiales destinados a la respuesta a COVID-19 y otros servicios y apoyo sanitarios”.
¿Y por qué esta negativa a colaborar?
Debido a las siniestras prioridades de la Autoridad Palestina que, de acuerdo a lo que informaba el diario israelí Jerusalem Post, (1 de abril de 2020), había optado a principios de dicho mes por “pagar los salarios de los terroristas [presos en cárceles israelíes – un gran número condenado por delitos de sangre] antes que los de los maestros y los beneficiarios de la ayuda social, ya que prevé una caída de los ingresos como resultado de la crisis del coronavirus”.
Siniestras porque, según refería en noviembre de 2017 Palestinian Media Watch, el director del Accountability Program la ONG Defence for Children International – Palestine (DCI-P), de la que no puede sospecharse un sesgo pro-israelí, precisamente, llegó a decir en una entrevista en la televisión oficial de la Autoridad Palestina que, de hecho, los menores palestinos cometen atentados terroristas, y que lo hacen no necesariamente porque quieran atacar a israelíes, sino para aumentar o mantener su estatus en la sociedad palestina.
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Lo cual, por otra parte, es una lógica consecuencia del artículo 17 de la constitución de Fatah, que reza:
Y (artículo 19), por si no quedara claro:
Por eso Fatah (artículo 22) se “opone a cualquier solución política ofrecida como alternativa a la demolición de la ocupación sionista de Palestina…”, y (artículo 12) insta “completa liberación de Palestina, y a la erradicación de la existencia económica, política, militar y cultural sionista”.
Vamos, más claro, y es transparente…
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Pero (necesarias) digresiones aparte, ¿a dónde conduce todo esto?
A la habitual hipocresía del liderazgo palestino y a la ya esperable omisión de los medios en español: mientras los palestinos se ven perjudicados por las decisiones de sus líderes, el Secretario General de la OLP, Saeb Erekat, está siendo atendido en un hospital israelí “a petición de las autoridades palestinas” – las mismas que les niegan esa posibilidad a sus ciudadanos.
Recientemente, la organización Palestinian Media Watch señalaba incluso que mientras Israel ha estado facilitando entrenamiento médico y otras ayudas a la población palestina para luchar contra el coronavirus, la Autoridad Palestina ha utilizado la pandemia para difundir el libelo de que Israel está infectando de manera intencional a los palestinos con el virus. De hecho, el propio Saeb Erekat firmó un artículo de opinión en el diario oficial de la Autoridad Palestina, el Al-Hayat Al-Jadida (30 de marzo de 2020) donde afirmaba que los israelíes “escupen en los coches y propiedades palestinas con el fin de transmitir la enfermedad del Corona” para cumplir con “el salvaje deseo de deshacerse del pueblo palestina como sea”.
Hoy está ingresado en un hospital israelí. No en uno palestino. O libanés, sirio, jordano, egipcio, turco… Israelí.