Los beduinos del Néguev: lo que los medios no contaron

“… en el buen periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido; en el mal periodismo, en cambio, encontramos sólo la descripción, sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico”.

Ryszard Kapuscinski, periodista y escritor polaco (1932-2007)

El problema no es nuevo, ni tiene “culpables” tan definidos como se pretende hacer creer – ni tampoco las “culpabilidades” tienen el signo (o la intención).

El problema en sí tampoco es novedoso o exclusivo de Israel: el choque cultural, entre modernidad y tradición; los problemas socioeconómicos, y el reasentamiento de personas a causa de proyectos de mejora de condiciones o de desarrollo regional, no es una singularidad israelí.

De hecho, un documento de noviembre de 2003 del Fondo para el Desarrollo Africano del Banco de Desarrollo Africano apuntaba que:

“La política de reasentamiento involuntario… del Banco ha sido desarrollada para cubrir el desplazamiento involuntario y el reasentamiento de personas causados por un proyecto financiado por el banco y se aplica cuando un proyecto resulta en la reubicación o pérdida de refugio para las personas que residen en el área de dicho proyecto, en la pérdida de activos o en que los medios de subsistencia se vean afectados”.

Asimismo, manifestaba que la política de dicho Fondo se enmarca en la visión de que “la reducción de la pobreza constituye el objetivo primordial”. Y agregaba que dicha política está “destinada a asistir al Banco y a los prestatarios con el fin de abordar cuestiones de reasentamiento a fin de mitigar los efectos negativos del desplazamiento y reasentamiento y establecer una economía y sociedad sostenibles”.

Es decir, que el Fondo para el Desarrollo Africano contempla el desplazamiento y posterior reasentamiento de personas debido a proyectos de desarrollo con el fin de mejorar la calidad de vida del mayor número de personas posible. Un hecho que, por otra parte, no se limita a África.

Michael Cernea, consultor del programa Risks Administrationduring Relocations del Banco Asiático de Desarrollo, indicaba en un documento de 2007 que existen:

De 14 a 15 millones nuevas Personas Desplazadas por el Desarrollo cada año, en comparación con unos 10 millones cada año entre 1991-2000.

En India hubo 60 millones de desplazados en 50 años (1950-2000) – algo así como 1.2 millones de personas/año.

En China hubo 70 millones de desplazados en 55 años (1950-2005)

Y es que, como apuntaba Bogumil Terminski en un estudio (Developmen-induced Displacement and Resettlement: Theoretical Frameworks and Current Challenges) de mayo de 2013 sobre el desplazamiento y reasentamiento de personas como consecuencia del desarrollo:

“El reasentamiento involuntario asociado al desarrollo económico es un fenómeno visto en todos los continentes”.

Salvo, claro está, para muchas organizaciones de activistas pro-palestinos y para una gran mayoría de medios de comunicación que se hacen eco de los supuestos y denuncias que los primeros propagan sin más prueba que la propia enunciación.

Terminiski añadía que según el Centro Nacional Chino de Investigación para el Reasentamiento, más de 45 millones de personas han sido desplazadas en ese país por los proyectos de desarrollo realizados entre 1950 y 2000, el 52 por ciento debido a proyectos de desarrollo urbano. Y comentaba que en 1989 el gobierno chino admitió que más de 7 millones de personas desplazadas internas debido al desarrollo vivían en la pobreza extrema.

A la desventurada realidad de estos siete millones de personas, se sumaba otro infortunio, no eran palestinos; es decir, no se podía culpar a Israel; ergo, no eran noticia.

En tanto, en Israel, el 4 de noviembre de 2013, el Ministerio de Exteriores de Israel informba que:

“Al reconocer que los beduinos del Néguev necesitan asistencia, el gobierno de Israel ha creado una política integral – llamada Plan Begin, de enero de 2013 – destinada a mejorar sus condiciones de vida, económicas y sociales, así como también a resolver asuntos relativos a la tierra de larga data.

[…]

… uno de los principales problemas al que se enfrentan los beduinos es el de la vivienda. Casi la mitad de los beduinos del Néguev (aproximadamente 90.000) viven en casas construidas ilegalmente, muchos de ellos en chozas sin servicios básicos. Campamentos aislados y otros hogares beduinos pueden carecer de infraestructuras esenciales…

La mayoría de los ciudadanos beduinos permanecerá en sus actuales viviendas. 120.000 ya viven en uno de los siete centros urbanos de beduinos u once pueblos reconocidos. De los 90.000 restantes que viven en campamentos o comunidades que no están zonificados, sólo 30.000 beduinos tendrán que mudarse, la mayoría de ellos a corta distancia (unos kilómetros como máximo) [Según Haviv Rettig Gur, de 3 a 5 kilómetros carretera abajo de su actual lugar de residencia] . Los otros 60.000 tendrán sus hogares legalizados bajo iniciativa de Israel, que desarrollará sus comunidades y concederá derechos de propiedad a los residentes”.

¿Expulsión?

No. No se proyecta “expulsar” a los beduinos del Néguev, ni de Israel.

Es importante tener en mente lo que Terminski subrayaba, sobre el uso de los términos, en su informe:

“… el término ‘desplazamiento’ puede entenderse de dos maneras diferentes. Puede utilizarse para hacer referencia al desalojo de las personas de su tierra natal sin una compensación adecuada, ni garantías o mecanismos de apoyo social; o para referirse a la fase inicial de un proceso de reasentamiento (asociado con la reubicación física de las personas desde sus hogares). El desplazamiento, por lo tanto, puede ser un fenómeno distinto y negativo relacionado con la violación de los derechos humanos fundamentales, o puede ser el paso inicial en el proceso de reasentamiento. El término ‘reasentamiento’ por lo tanto, se refiere a la reubicación física, previamente planificada, combinada con mecanismos de apoyo apropiados, incluido el apoyo social, en la nueva ubicación”.

Esto último es lo planificado, de hecho, en Israel.

Terminiski, además, aclaraba que según la Enciclopedia de Historia Ambiental Mundial, reasentamiento puede definirse como ‘el proceso mediante el cual las poblaciones desplazadas de su hábitat y/o actividades económicas se trasladan a otro sitio y restablecen sus actividades productivas, servicios y la vida comunitaria’. Esta definición enfatiza fuertemente que “reasentamiento” es una combinación de reubicación física (desplazamiento) con posteriores intentos de restablecer el modo de vida de las personas desplazadas en el nuevo lugar.

Y citaba, entre las categorías más importantes de los procesos de urbanización (y reurbanización) que causan reasentamiento involuntario:

1. expansión de áreas urbanas,

2. proyectos de suministro de agua,

3. desarrollo del transporte urbano, especialmente bajo tierra,

5. demolición de los distritos pobres, como villas miseria y favelas en países de América Latina e India

6. planes de redistribución de población que implementados en espacios urbanos densamente poblados.

“Un acuerdo justo para los beduinos no es un tema simple. Lo cierto es que el camino que el Estado ha elegido no es la expulsión… o la transferencia, sino más bien una generosa oferta que ha costado y costará al estado cientos de millones de shekels, y proporciona a los beduinos enormes beneficios. […] Ningún judío tiene derecho a recibir gratuitamente tierras en una comunidad beduina, ni a comprar terrenos que son ofrecidos a los beduinos a precios reducidos, cuando esa posibilidad existe. Un beduino, por otra parte, puede elegir entre una comunidad beduina y la comunidad judía. Si quiere vivir en Hura, hay terrenos con infraestructura esperando por él, sin ningún costo. Si quiere vivir en Hiran, lo podrá hacer, en las mismas condiciones que un judío, armenio o budista”.

Pero no sólo hay una disputa entre sectores beduinos del Néguev y Jerusalén en torno a la propiedad de la tierra, sino que el problema tiene otras aristas, que se incrustan en lo social.

La Dra. Einat Wilf, ex parlamentaria israelí y actualmente Senior Fellow en el Instituto de Política del Pueblo Judío, afirmaba, en diciembre de 2013, que:

“La relación entre Israel y sus comunidades de beduinos… toca la difícil interacción entre un moderno estado de bienestar y una sociedad patriarcal tradicional que insiste en conservar sus tradiciones, … que tiene que ver con tradiciones beduinas nómades y tribales muy específicas respecto de la propiedad sobre la tierra”.

Y explicaba que Israel, como cualquier otro país, tiene leyes que regulan la prueba de propiedad de vivienda. Los beduinos han desarrollado su propia tradición oral de registro de “propiedad”. Las tierras en cuestión, decía Wilf, nunca fueron registradas de manera oficial o reconocidas como propiedad privada durante el Imperio Otomano o el Mandato Británico, que controlaban la zona antes del establecimiento de Israel. Por tanto, indicaba que los beduinos no fueron reconocidos por la ley israelí como propietarios de las tierras.

Wilf se preguntaba algo que ningún periodista occidental se preguntó:

“¿Hasta qué punto debe llegar el Estado a la hora de aceptar reclamaciones de propiedad basadas en tradiciones locales, cuando ningún otro ciudadano puede reclamar propiedad privada sobre la misma base?”

Pueblo beduino de Lakiya. (Fuente: Ministerio de Exteriores de Israel)

E inmediatamente apuntaba:

“Es una opción más bien curiosa, aquella de centrarse en las dificultades que tiene Israel a la hora de modernizar a los beduinos cuando justo al lado, en el Sinaí, hay un conflicto violento y preocupante crece entre los beduinos y el gobierno egipcio. La cuestión más importante es la virtual imposibilidad de la persistencia de culturas nómades pre-modernas junto a modos de vida tradicionales en los estados occidentales del siglo XXI – especialmente en uno tan pequeño y densamente poblado como Israel”.

Para Stotsky, es justamente este punto el que escapa a la atención de la gran mayoría de medios; y es precisamente en este contexto en el que la relocalización de beduinos israelíes debe ser vista.

Ishmail Khaldi, por su parte, remarcaba que “el asunto beduino es un problema totalmente interno de Israel que está siendo utilizado por los “pro-palestinos, no por los palestinos”, principalmente ONG, políticos y la prensa internacional”.

Según el Ministerio de Exteriores de Israel, el gobierno israelí “lamenta que extremistas, muchos de los cuales no son beduinos, elijan desviar el debate abierto sobre un asunto puramente social y humanitario en una confrontación falsamente vinculada con la cuestión palestina”.

En tanto, el periodista israelí Ben Dror Yemini agregaba que dicha campaña no fue de crítica sino más bien de engaño, de desprecio por los hechos básicos y de incitación contra el Estado. La campaña que rápidamente se está extendiendo por todo el mundo, aseguraba, “retrata el estilo antisemita de expulsión racista perpetrada por Israel”.

Por su parte, Moshe Arens escribía en la edición del 10 de diciembre de 2013 del diario Ha’aretz:

“Ahora, parlamentarios árabes radicales, a quienes previamente les importaba poco el destino de los beduinos, se han subido al carro, con la intención de convertir el asunto en parte del conflicto palestino-israelí”.

Asimismo, la organización BBC Watch, asociada a CAMERA, publicó un artículo el 2 de diciembre de 2013 donde argüía que:

“No hay duda que algunos beduinos estaban presentes en algunas de las manifestaciones que tuvieron lugar en Israel en contra del ‘Plan Begin’. Sin embargo, en ningún momento se aclaró que las mismas son parte de una campaña de deslegitimación mucho más amplia – iniciadas, dirigidas y coordinadas por actores no-beduinos – que se viene produciendo desde hace algún tiempo”.

La misma organización explicaba que entre las personas que componen “el conglomerado de activistas anti-Israel que promueve estas manifestaciones regulares está Movimiento Solidaridad Internacional (que por supuesto está vinculado a las mismas personas que organizaron los ardides publicitarios de la fallida flotilla), el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), la organización ‘Stop the Wall’ (que también estuvo implicada en la escenificación publicitaria de la ‘Marcha Mundial a Jerusalén’), el Partido Comunista de Israel y el Alto Comité Árabe de Observación (cuyo líder también participó en la organización de la Marcha Mundial a Jerusalén y en la flotilla de 2010)”.

Y advertía que – como puede verse en el logo que aparece en el cartel de la campaña promovida en el blog del veterano activista contra Israe,l Abir Kopty – el material publicitario para la campaña fue producido por organizaciones no-beduinas tales como la Baladna con sede en Haifa.

En tanto, el Profesor Gerald M.Steinberg, presidente de la organización NGO Monitor, comentaba (10/12/2013) que las organizaciones que conducen estas campañas no se centran en la “ocupación” posterior a 1967, sino más bien en todo Israel de 1948. Para estos grupos, aseveraba, cualquier forma de auto-determinación e igualdad soberana judía, es, en su lenguaje, una forma de racismo, la limpieza étnica y apartheid. Y los judíos israelíes que viven en el desierto del Néguev o en Tel Aviv son “colonos”.

A su vez, un artículo de opinión publicado por The Times of Israel el 9 de diciembre de 2013 señalaba que:

“Cuando se trata de acusaciones de limpieza étnica y de apartheid, [Ami] Tesler [número dos en la Sede para el Desarrollo Económico y Comunitario de los Beduinos del Négueve] culpa a las ONG y los miembros oportunistas de la Knesset. ‘No escuché ese tipo de lenguaje hasta que se involucraron’, dijo; ‘transformando un asunto civil en uno político’. En cuanto a Tesler concierne, la mayor parte de las personas que dice representar a los beduinos está comprometida en… un intento de secuestrar a una población que históricamente ha sido leal al Estado de Israel para su propia política partidista”.

En este sentido, Steinberg declaraba que:

“Las ONG anti-israelíes que cínicamente utilizan la cobertura de los derechos humanos… atacaron al plan [Begin] repitiendo etiquetas como ‘limpieza étnica’, ‘discriminación racial’ y ‘violaciones de los derechos humanos’. En mañosas publicaciones, vídeos y presentaciones ante las Naciones Unidas y grupos parlamentarios europeos, las ONG se han referido falsamente a los beduinos del Néguev como ‘víctimas palestinas’…”.

Mas, en base a la pregunta que formulaba la Dra. Einat Wilf más arriba, y al proyecto de ley (Plan Begin) que se explicará más adelante en este texto, ¿no debería haberse planteado una definición similar, aunque de distinto signo?: discriminación positiva (o acción afirmativa; atender a un determinado grupo social, étnico, minoritario, o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales; un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a aquellas personas afectadas, y compensarlas por los prejuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado).

Pero claro, la segunda no degrada la imagen de Israel.

Finalmente, el presidente de NGO Monitor mencionaba que Abed Tarabin, líder de uno de los clanes beduinos en el Néguev, recientemente señaló que “la oposición al plan proviene de políticos beligerantes que hacen ruido para sus propios fines. No proviene de los verdaderos líderes beduinos que están comprometidos con su gente. Hay suficiente lugar en el Néguev para todos, y es bueno que el gobierno esté trabajando para mejorar las cosas y esté invirtiendo dinero en nosotros”.

Pero estas declaraciones, o bien no llegan a los periodistas, o bien son ignoradas por los mismos. En su lugar, repiten los acusaciones infundadas y sin pruebas de las ONG, excluyendo a los propios beduinos israelíes de la ecuación.

Haviv Rettig Gur afirmaba, que, de hecho, todo el debate se está llevando a cabo sin una recopilación básica de datos sobre qué piensan los beduinos sobre el plan – “no los dirigentes ricos, sino la abrumadora mayoría de familias pobres que vive en las ciudades-carpa. ¿Rechazan la oferta del gobierno de viviendas modernas, agua potable, sanidad y carreteras pavimentadas?”.

En su lugar, la prensa en español se inclinó por el ruido y la desinformación.

Un documento del parlamento israelí mencionaba que los beduinos son un subgrupo de la minoría árabe dentro del Estado de Israel, con una singularidad cultural, histórica, social y política. La población beduina representa un 3,5 % de la población israelí, y su tasa de fecundidad es del 5,5 % anual, siendo una de las más altas del mundo.

El mismo informe comentaba que la urbanización y modernización de las últimas décadas sacudieron las bases socioeconómicas de la sociedad beduina. Además, el sedentarismo también trajo consigo tensiones entre la generación más joven, educada, y el liderazgo tradicional de los jeques y los jefes de las tribus.

Havatzelet Yahel, del Ministerio de Justicia de Israel; Ruth Kark, profesora en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Seth J. Frantzman, investigador de la misma Universidad, explicaban, en un artículo de 2012 del Middle East Forum, que:

“El nomadismo en Palestina continuó hasta principios del siglo XX, cuando se produjo una transición a la vida semi-nómada y tuvo lugar el asentamiento. Al mismo tiempo, hubo un cambio gradual en la manera en que los beduinos se relacionaban con la tierra, pasando de la explotación común [tribal] para pastoreo, al uso privado. Al mismo tiempo, hubo una transición gradual de la ganadería a la agricultura. En el año 2000, la cría de animales era practicada por sólo el 10 por ciento de los beduinos, y muchas de las generaciones más jóvenes han expresado sus reservas acerca de mantener el estilo de vida de sus padres”.

Según el Fondo de Tierras de Israel (Israel Land Fund), durante siglos el Néguev ha sido el hogar de los beduinos que, en los últimos años, se han asentado, cada vez más, en viviendas más permanentes y han dejado su estilo de vida nómada. Gran parte de estas edificaciones, indicaba el Fondo, se han construido ilegalmente.

Se calcula que en la actualidad viven unos 210.000 beduinos en el Néguev. En tanto, que un documento de la Autoridad del Suelo de Israel (Israel Land Authority, ILA) indicaba que:

“El 60% de la población beduina del Néguev vive en poblados permanentes (Rahat, Keseifa, Segev Shalom, Aro’er, Lakiya, Tel Sheva y Hura) y el resto, en casas ilegales repartidas en cientos de miles de dunams (unidad de superficie; 1 dunam=1000 metros cuadrados=0,1 hectáreas).

La tasa de crecimiento de los beduinos del Néguev… es la más alta del mundo: la población duplica su tamaño cada 15 años.”

¿Cuáles son las claves del desacuerdo desde la perspectiva del gobierno israelí?

1. Los poblados o aldeas no reconocidos

Los asentamientos beduinos no planificados y no reglamentados en amplios sectores del Néguev han generado unos 2.000 grupos habitacionales dispersos, incluyendo 35 comunidades no reconocidas. Las familias beduinas viven allí sin ningún gobierno local que les suministre servicios, y prácticamente sin infraestructuras físicas, económicas o sociales (excepto – en algunos casos –agua de la compañía nacional de agua de Israel, Mekorot,).

Algunos beduinos viven en zonas peligrosas. Por ejemplo, 14.000-15.000 viven dentro de la zona de riesgo de la planta de eliminación de desechos tóxicos de Ramat Hovav, que podría constituir un grave peligro para la salud para estos residentes. (Esta cifra supone, ni más ni menos, que la mitad de los que serían reasentados)

Además, un documento de la Autoridad del Suelo de Israel mencionaba un punto, relacionado a esta dispersión de comunidades, que los medios ignoraron por completo:

“El porcentaje de propietarios de viviendas que pagan impuestos municipales en los pueblos beduinos es problemáticamente bajo. Esto hace que sea difícil para los ayuntamientos proporcionar un nivel decente de servicios. Cuando un número suficiente de residentes paga sus impuestos municipales, las autoridades municipales pueden mejorar sustancialmente sus servicios y, de esa manera, mejorar las condiciones de vida de los beduinos”.

Parece, así, un hecho evidente que no es posible suministrarles a los beduinos israelíes todos los beneficios de un estado moderno si no se construyan ciudades o poblados donde pueda ofrecerse la infraestructura para dicho fin. Ya que, como hacía hincapié la Autoridad del Suelo israelí, los servicios públicos sólo pueden ser provistos a aquellos que habitan viviendas permanentes, y el hecho de que los beduinos estén dispersos sobre un área tan extensa, impide que el Estado pueda ofrecerle dichos servicios.

En los asentamientos beduinos, especialmente en las áreas no reguladas, hay más de 60.000 edificios ilegales que fueron construidos en terrenos no incluidos en ningún plan maestro de zonificación o en tierras no destinadas a viviendas.

De hecho, por ejemplo Shatil [un programa del Nuevo Fondo de Israel, una ONG no precisamente favorable a Israel] llegó a la conclusión, a través de un estudio cualitativo llevado a cabo en 2011, de que las mujeres árabes de Israel en matrimonios polígamos viven en un estado de pobreza, de abandono y ansiedad. La poligamia, aseguraba el informe, perturba las vidas de las mujeres y los niños y los condena a una vida de pobreza, soledad y depresión.

En este sentido, es preciso remarcar que, como aclaraba Moshe Arens en diciembre de 2013, en el diario israelí Ha’aretz, la poligamia es ilegal en Israel. Aún así, es practicada ampliamente entre los beduinos del Néguev. Y comentaba:

“Traen esposas de Gaza, Cisjordania y Jordania. El aumento de población entre los beduinos [así] no sólo es el más alto de Israel, sino que está entre los más elevados del mundo.

Había 18.000 beduinos en el Néguev cuando se estableció el estado de Israel hace 65 años; ahora hay más de 200.000. Como resultado, casi la mitad de ellos viven a lo ancho del Néguev en los llamados ‘poblados no reconocidos’, careciendo de la infraestructura básica necesaria para la vida en una sociedad moderna, y dejando poco espacio para el desarrollo del Néguev”.

El problema de la poligamia no es una mera cuestión de desencuentros culturales, sino que implica, según Arens, un factor de crecimiento poblacional desproporcional respecto del resto de minorías y grupos sociales israelíes, que pone en peligro el propio bienestar de la comunidad beduina.

Mas, lo inmediato – máxime si Israel aparece como sujeto de la noticia – parecerecjazar explicaciones complejas, profundas y que involucren más de un aspecto.

Así, también se ignoraba otro de los aspectos del problema social de la región del Néguev: según declaraciones de Meir Deutsch – Director Regional de Regavim (una ONG israelí), recogidas por el diario Algemeiner -, la colaboración de los beduinos del Sinaí y del Néguev que conjuntamente contrabandean drogas y armas para grupos terroristas, poniendo en peligro la seguridad de Israel.

“Algunos dicen que los reclamos de los beduinos sobre la propiedad de la tierra es ficticio, mientras que otros demandan que el estado debe reconocer sus reclamos de propiedad, incluso aunque éstos no sean consistentes con los métodos de registro reconocidos, desde el otomano, luego el británico y ahora, por supuesto, el israelí.

Durante años, las autoridades israelíes han estado lidiando con este problema. Por un lado, las reclamaciones de propiedad han sido rechazadas rotundamente en los procedimientos judiciales. En algunos de los reclamos, las demandas de ‘propiedad ancestral’ fueron expuestas como fraudulentas. Fotografías aéreas del siglo pasado demostraron que ‘un acuerdo que había existido durante siglos’ ni siquiera había existido por unas pocas décadas”.

El informe elaborado por la Comisión presidida por Eliezer Goldberg sostenía que la confrontación directa por las tierras del Néguev salió a la luz con la aprobación, el 2 de mayo de 1971, del procedimiento para el acuerdo en el Norte del Néguev, en conformidad con la Orden de Derechos de Tierra (nueva versión) de 1969, por la cual todas las tierras fueron registradas en el Registro de la Tierra a nombre de sus propietarios. Esta declaración, señalaba el texto de la Comisión, fue precedida por declaraciones sobre los procedimientos de acuerdo en otras regiones del Néguev, bajo las que los beduinos no presentaron ningún reclamo y todas las tierras fueron registradas a nombre del Estado sin que mediara oposición.

Siguiendo este arreglo para el Norte del Néguev, los beduinos presentaron, de conformidad a los procedimientos establecidos en la Orden, a 24 de octubre de 1979, 3.222 reclamaciones que afectaban a 776.856 dunams (77.685 hectáreas). En el transcurso de los años, las reclamaciones realizadas por unos 380 demandantes, y que afectaban a unas 20.567 hectáreas (18%), fueron resueltas. En consecuencia, unas 57.118 hectáreas (de unos 2840 demandantes), quedan aún por resolver.

Por otro lado, un artículo publicado en The Times of Israel el 9 de diciembre de 2013 señalaba que en 1975 el Juez Albeck se pronunció sobre las demandas sobre la tierra, y dictaminó que, ya que no había documentación o pruebas de la validez de las reclamaciones, éstas no tenían base legal. También dictaminó que debido a que los beduinos habían vivido allí durante tanto tiempo, los demandantes tenían derecho a un 20 por ciento de la tierra reclamada y a una compensación financiera por el resto.

El informe redactado por la Comisión Goldberg también explicaba que los beduinos del Néguev vivieron casi en completa libertad hasta 1896, ya que el régimen Otomano no tenía ningún interés en los beduinos, y no intervino en la vida del Néguev. Y que sólo tras las guerras tribales el régimen turco (en 1896) trazó los límites entre las tribus. Esto, en principio, se mantuvo hasta la creación del Estado de Israel. Los turcos consolidaron un nuevo orden territorial en el que cada tribu estaba autorizada a mantener la zona que estaba bajo su control.

Mas, en el acuerdo, el régimen turco no les otorgó a los beduinos “propiedad” sobre las tierras tribales.

Es más, Yahel, Kark y Frantzman, en el artículo antes mencionado, sostenían que:

“Los registros impositivos otomanos demuestran que las tribus que vivían en el Néguev en 1596-97 no son las mismas que residen allí hoy en día”.

El Dr. Thabet Abu Ras, profesor de Geografía Política en la Universidad Ben Gurion y Director del Proyecto Negev de Adalah (también miembro de ACRI) exponía, por su parte, que:

“En 1858, los turcos promulgaron una ley que requería que los nombres de los propietarios fuesen oficialmente registrados como un medio para regular los asuntos relacionados con la tierra en el Imperio Otomano. Había cinco categorías de tierras en el Imperio Otomano: Mulk (tierra de propiedad privada), Miri (tierra estatal que podían ser cultivadas mediante el pago de una tarifa única); Mauqufa (tierra en fideicomiso religioso o patrimonio islámico), Metruka (tierras baldías), y Mawat (páramos no aptos para cultivar). Los beduinos del Naqab (Néguev) se opusieron a la creación de un registro escrito de sus tenencias de tierras, ya que ello los ceñiría al control extranjero. [Y], de esa manera, se les exigiría pagar impuestos y servir en el ejército otomano.

En 1921, el gobierno del Mandato Británico emitió una orden llamando a los residentes del Naqab [Néguev] a registrar sus tierras. Los beduinos, que recibieron una extensión de dos meses, no lo hicieron, y sus tierras permanecieron sin registrar. Según la Ordenanza de la Tierra (Mawat) de 1921, un beduino que cultivara, revitalizara y mejorara tierra Mawat (páramos no aptos para cultivar) recibían un certificado de propiedad para esa tierra, que luego era recalificada como Miri. Los tribunales del nuevo estado de Israel… dictaminaron que cualquier beduino que hubiese dejado pasar la oportunidad de registrar tierra Mawat a su nombre en 1921 y no hubiese recibido un certificado de propiedad, ya no podía hacerlo”.

Zona cercana a la ciudad beduina de Rahat (Fuente: Ministerio de Exteriores de Israel)

“Según los beduinos, tanto las autoridades turcas como británicas reconocieron el derecho de los beduinos a la tierra en la que habían vivido por muchas generaciones. Este reconocimiento fue expresado, inter alia, en los impuestos a la tierra que estaban obligados a pagar. No sólo eso, sino que los beduinos también le vendieron tierra al movimiento Sionista durante el período del Mandato, y estas ventas fueron reconocidas y registradas en el Registro de la Tierra (Tabu). La explicación de estos hechos ofrecida por el Dr. Josef Ben-David, es que las autoridades Otomanas y Británicas estaban encantadas de ver que la tierra pasaba de los beduinos a los nuevos solicitantes de registro, ya que aumentaba la posibilidad de que la tierra fuera utilizada de manera intensiva, independientemente de quién fuese el dueño”.

Pero el texto remarcaba que es un hecho indiscutible que sólo una pequeña minoría de entre los beduinos que reclaman tierras tiene prueba documental de su reclamo. La mayoría no tiene ningún documento.

En tanto, según describía el Dr. Yosef Ben-David, investigador asociado en el Jerusalem Institute of Israel Studies, bajo la ley israelí (que deriva en gran medida de la ley del Mandato Británico; la cual, a su vez, incorporó mucho de la ley otomana) una persona que no haya registrado su tierra en el Registro de la Tierra, no puede reclamar propiedad sobre la misma.

Asimismo, el texto de la Autoridad del Suelo de Israel apuntaba que, en lugar del enjuiciamiento, “Israel propone resolver el conflicto ofreciendo arreglos en extremo generosos a cambio de la retirada de las reclamaciones de propiedad por parte de los beduinos”.

Y ampliaba diciendo que:

“A pesar de que el Estado de Israel es el propietario de las tierras – por ley, y de acuerdo a los registros existentes, el Estado es el único propietario de dichas tierras – en las que los beduinos se encuentran dispersos, el Estado está dispuesto a examinar todas las reclamaciones de propiedad por parte de los beduinos en la corte.

Israel se ha comprometido a salvaguardar sus reservas de tierras en beneficio de toda la población. El estado ha presentado unas 170 contra-demandas (respecto a más de 110.000 dunams; u 11.000 hectáreas), y en todos los casos en que el tribunal dictó sentencia, ésta ordenaba que la tierra fuese registrada como propiedad del Estado”.

Aún así, el Estado está dispuesto a hacer concesiones y compensar a los beduinos “dispersos”, sin que estos tengan que probar sus derechos sobre la tierra.

Los beduinos del Negev han presentado reclamaciones de propiedad de unas 60.000 hectáreas, además de las 30.000 hectáreas que ya alquilan por temporada. Según un artículo publicado en The Times of Israel en diciembre de 2013, “sólo unas 12.000 personas (6% de la población beduina) están, de hecho, reclamando tierra, y esas reclamaciones raramente son de tierra en la que realmente viven”.

Además, la organización BBC Watch, asociada a CAMERA, recalcaba en 2012 que la mayoría de los beduinos del Néguev ya habían aprovechado los incentivos ofrecidos.

Es más – puntualizaba Safian -, a veces, los árabes israelíes reciben condiciones más favorables de parte de la Autoridad del Suelo, que los judíos israelíes. Así, por ejemplo, en “las nuevas comunidades judías cerca de Beersheva, la Autoridad del Suelo cobra 24.000 dólares por un contrato de arrendamiento por unos 1000 metros cuadrados; en tanto que familias beduinas de la cercana comunidad de Rahat pagaron sólo 150 dólares por la misma cantidad de tierra”.

Y relataba:

“En otro caso, un ciudadano judío [israelí] solicitó a la Autoridad del Suelo alquilar tierra en una nueva comunidad beduina bajo las mismas, y altamente subsidiadas, condiciones disponibles para los ciudadanos beduinos [israelíes]. Cuando la Autoridad del Suelo se negó, bajo cualquier circunstancia a arrendarle la tierra en dicha comunidad, el ciudadano inició una demanda. En el caso Avitan v. Israel Land Administration (HC 528/88), la Corte Suprema dictaminó que la discriminación de la Administración del Suelo contra el ciudadano judío Avitan estaba justificada como una acción afirmativa para los ciudadanos beduinos”.

Pero, ¿sólo en la Corte existen condiciones favorables para los beduinos?

La Autoridad del Suelo de Israel aseguraba que en la actualidad, Israel está construyendo ocho nuevas villas o pueblos para los beduinos del Néguev.

Y ampliaba:

“Además de desarrollar las ciudades existentes, el gobierno israelí ha decidido construir ocho villas (Tarabin, Abu Karinat, Bir Hadaj, Qasr el-Ser, Marit, Derijat, Um Batin, Mulada) adicionales para los beduinos del Negev.

[…]

Las ocho nuevas villas o aldeas se construirán en una variedad de formatos: urbanas, suburbanas o de carácter agrícola, dependiendo de las necesidades de sus residentes futuros.

Para mantener el carácter local, el gobierno israelí arrienda cientos de miles de dunams de tierras agrícolas a los beduinos a un costo simbólico de 2 Shekel por dunam (0,60 Dólares por cada 1000 metros cuadrados de tierra)”.

La misma Autoridad comentaba, además, que:

“El Estado de Israel está ofreciendo beneficios de largo alcance a los beduinos que abandonen la llamada ‘dispersión’ y se muden en aldeas permanentes. Los pagos (de subvenciones y prestaciones) se realizarán con independencia de la posición financiera de las familias y sin investigar previamente su derecho a la tierra.

Las ventajas concedidas a los beduinos incluyen terrenos gratis (800 metros por familia) para vivienda – además de una infraestructura completamente desarrollada: carreteras, desagües, cloacas, electricidad, agua, etc. – y una exención de los costos de desarrollo.

La compensación representa varias veces el valor de las estructuras ilegales que dejan detrás. La cantidad pagada es consistente con las tasas de compensación de la Autoridad Israelí de Tierras, y puede sumar cientos de miles de shekels por familia.

Las familias beduinas que se muden a aldeas permanentes tienen derecho a ‘Subvenciones de Relocalización’.

Normalmente, los ciudadanos israelíes reciben ayuda financiera sólo luego de que el Estado haya determinado su necesidad y de que hayan satisfecho criterios específicos. En el caso de los beduinos, aquellos que elijan trasladarse a hogares permanentes, recibirán un trato preferencial en el sentido de que estas subvenciones serán otorgadas de manera automática, independientemente de su situación financiera.

Además, los beduinos del Néguev tienen derecho a prestaciones adicionales del Ministerio de Construcción y Vivienda, no relacionadas con aquellas que reciben de la Administración Israelí de Tierras”.

Incluso, el Estado le ofrece a aquellos que ocupan tierras destinadas al arrendamiento por parte de beduinos, la opción de arrendar retroactivamente la tierra ilegalmente tomada a un costo máximo de 0,60 dólares por dunam por temporada.

¿Esto es discriminación?

El “Plan Begin”

Y desarrollaba:

“Esta nueva política constituye un importante paso adelante hacia la integración de los beduinos de manera más plena en la sociedad multicultural de Israel, conservando su cultura y herencia.

Para ello, Israel ha destinado aproximadamente 2200 millones de dólares, incluyendo más de 330 millones de dólares para proyectos específicos de desarrollo económico y social”.

Por otra parte, Begin aclaraba, en cuanto a los reclamos sobre la tierra, que:

“… cabe destacar que nosotros no vemos un reclamo comunal conjunto sobre la propiedad de la tierra, sino más bien un conglomerado de reclamos privados que puede apenas ser considerado una expresión de ‘justicia distributiva’, ya que los reclamantes de propiedad constituyen una pequeña minoría entre los beduinos del Néguev, y la distribución de tierras entre ellos está lejos de ser equitativa”.

Localizaciónde las comunidades beduinas en el Néguev (Fuente: Ragavim.org.il)

“… acuerdo a la información con que contamos, la gran mayoría de aquellos que residen en zonas no regularizadas, podrán continuar residiendo en las mismas en el futuro [como áreas regularizadas]. Al mismo tiempo, la dispersión de algunas comunidades no regularizadas es tal, que algunas de las viviendas tendrán que ser transportadas una distancia relativamente corta (algunos cientos de metros) con el fin de crear la necesaria contigüidad, según lo requiera el Plan Regional, para posibilitar la instalación de las infraestructuras a un precio razonable”.

· Cualquier plan para regularizar una comunidad específica recibirá su aprobación definitiva sólo después de que las reclamaciones sobre la propiedad y otros arreglos hayan sido resueltos, permitiendo, de esta manera, la regularización de la comunidad.

· Al mismo tiempo, el marco jurídico, derivado de la Ley de la Tierras de 1969 y otras leyes sobre la tierra, y de acuerdo con lo determinado en la jurisprudencia, no permiten, en general, la aceptación de los reclamos de los beduinos sobra la propiedad; y ninguna reclamación de propiedad presentada por beduinos en los últimos años ha sido aceptado por el Tribunal.

· A día de hoy, existen registros de unas 2.900 reclamaciones que involucran unos 12.000 demandantes, para una superficie total de 589.000 kilómetros cuadrados, de las cuales, aproximadamente 1.700 reclamaciones (347.000 kilómetros cuadrados) son de demandantes de propiedad que tienen control de la tierra; y unas 1.200 reclamaciones (242.000 kilómetros cuadrados) de tierra que no es retenida por sus demandantes.

· A pesar de la clara situación jurídica, en el pasado se les ha ofrecido a los beduinos la propiedad de parte de las tierras que reivindican a través de compromisos de resolución ‘ex gratia‘ , dispuestos en 1975 por el Comité Albeck y actualizados en los últimos años a través de, inter alia, diez decisiones por el Consejo Tierras de Israel entre los años 1997-2012.

· La necesidad de una legislación especial a este respecto se deriva de [que]… Mientras los arreglos de la tierra se basen en decisiones administrativas, serán considerados ‘ex gratia’ (de favor); por otro lado, cuando el tema es promulgado legalmente crea un derecho legal.

· El Estado ofrecerá regularizaciones por ley de las reclamaciones beduinas presentadas en el marco del proceso de regularización de tierra entre 1971 y 1979, otorgándole a los demandantes tierra y dinero, siempre que la corte no rechace el reclamo de propiedad y ordene que la tierra sea registrada por el Estado (aproximadamente 200 casos).

· En cuanto a la tierra otorgada a los demandantes de propiedad, proponemos la siguiente enmienda: un área de tierra que suponga la mitad del área de tierra reclamada será registrada en los registros de bienes raíces a nombre de cada demandante (o sus herederos), siempre y cuando la tierra estuviera cultiva o habitada por el demandante cerca de la fecha de presentación de la reclamación, a condición de que la tierra en cuestión no esté bajo control del Estado; y además, también tierra, de un cuarto del tamaño de la restante área de tierra reclamada.

· En cuanto las indemnizaciones financieras a los demandantes, proponemos la siguiente enmienda: el estado pagará al demandante (o sus herederos) dinero por el área restante de la reclamación que no estaba registrado a nombre del reclamante. La tierra registrada a nombre de un demandante de propiedad (o sus herederos), en la medida de lo posible, tendrá características similares a la de la tierra incluida en la reclamación.

Para las reclamaciones de propiedad de tierras expropiadas, se indemnizará monetariamente por toda el área incluida en la reclamación.

· Compensación por relocalización: con respecto a la asistencia financiera que se dará a los residentes que se trasladen a una comunidad permanente, el Consejo de la Tierra de Israel ha decidido recientemente (resolución 1256) elevar los montos, con el fin de fomentar aún más los procedimientos de regularización previos a la finalización de los procedimientos legislativos.

¿Se trata de un plan “perverso”, “maquiavélico” para desposeer a los beduinos de “sus” tierras?

¿O más bien lo contrario?