El 4 de Diciembre de 2013, El diario colombiano El Universal publicó una breve crónica titulada Organizaciones de Derechos Humanos exigen que Israel deje de demoler viviendas, en la que daba cuenta de la versión de esas organizaciones sobre el derribo de “viviendas palestinas”, sin ofrecer la perspectiva israelí sobre el asunto.
El periódico comenzaba diciendo que:
“Un colectivo de 36 organizaciones de defensa de los derechos humanos pidió el miércoles a Israel que cese las demoliciones de viviendas palestinas en las zonas de Cisjordania bajo su control”.
¿Cuáles son esas organizaciones?
El medio sólo mencionaba a Amnistía Internacional (AI), Humans Rights Watch (HRW) y a “varias organizaciones cristianas”. Sólo dos organizaciones de treinta y seis.
Y, ¿esas organizaciones tienen algún interés ideológico creado en el conflicto entre palestinos e israelíes? El Universal no estima necesario informarle a sus lectores del posicionamiento de las organizaciones que le “exigen” a Israel, a la vez que presentan números que el medio no se molesta en verificar.
Por ejemplo, según la organización NGO Monitor, AI, en “violación de su política de imparcialidad, emplea como investigadores, en su sección ‘Israel, Territorios Palestinos Ocupados y Autoridad Palestina’, a dos activistas anti-israelíes con trayectorias bien documentadas de activismo radical en el contexto del conflicto árabe-israelí: Deborah Hyams y Saleh Hijazi”.
Y, sobre HRW, su fundador, Robert Bernstein, escribió en octubre de 2009 en el New York Times:
“Como fundador de Human Rights Watch, su presidente por 20 años [1978-1998] y ahora presidente fundador emérito, debo hacer algo que nunca había previsto: debo sumarme públicamente a los críticos de la organización. La misión original de Human Rights Watch había sido la de abrir a las sociedad cerradas, abogar por las libertades básicas y apoyar a los disidentes. Sin embargo, recientemente ha estado publicando informes sobre el conflicto árabe-israelí que están ayudando a aquellos que desean transformar a Israel en un estado paria”.
Pero, además, ¿en qué zonas de Cisjordania (Judea y Samaria) se produjeron las “demoliciones”? ¿Las casas estaban construidas de manera legal? El lector no lo sabrá nunca, porque esos datos no forman parte de una crónica que, justamente, habla sobre derribos. ¿O acaso hay que dar la idea de “demoliciones” motivadas por la disputa territorial? El texto, así, parecía más bien un comunicado de prensa de las propias organizaciones, en el que, es evidente, lo que se afirma se ofrece como “verdad” incontestable. Y esa certeza es la que afirma que, todo aquello que se practica en otras partes del mundo, cuando es realizado por Israel, tiene un cariz pérfido.
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Los derribos, como herramienta administrativa para enfrentarse a la construcción ilegal no son, ni mucho menos, una prerrogativa israelí. De hecho, en la Franja de Gaza también se implementan.
Un artículo publicado en The Australian el 28 de Julio de 2012 da cuenta del inicio de la demolición de casas en la Franja de Gaza por Hamas. El periodista señala:
En el sur de España, en tanto, según informó el diario El País el 13 de diciembre de 2013:
El diario apuntaba que, según la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, “la demolición no es una pena como lo son las condenas de cárcel o las indemnizaciones económicas, sino que son un intento de restablecimiento del daño causado”.
Y en Colombia, conforme a una crónica del 11 de octubre de 2013 aparecida en el diario La Nación:
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El Universal finalizaba la crónica indicando que:
“El sábado pasado, estallaron incidentes en varias ciudades israelíes y en los territorios palestinos tras manifestaciones de beduinos y de árabes israelíes contra la confiscación de tierras palestinas y el desplazamiento de los beduinos en el desierto del Neguev, en el sur de Israel”.
¿“Tierras palestinas” en el Neguev israelí?
Unno rotundo.
El problema que existe en la región del Negev (territorio israelí), que es una cuestión interna, es entre algunos sectores beduinos (israelíes) de dicha región y el estado israelí.
Los beduinos, como se explicaba en un artículo de The Times of Israel del 3 de diciembre, son árabes israelíes (que sirven en el Ejército de Defensa de Israel), no “palestinos”. Así, si las tierras, como sostienen algunos miembros de dicha comunidad, pertenecieran a los beduinos, serían “árabe-israelíes”, pero no “palestinas” como pretende hacerle creer a sus lectores El Universal.
De hecho, señalaba el diario israelí, en Jordania, una brecha clave de la sociedad es la que separa a los beduinos de los palestinos. Es decir, no comparten ni costumbres ni identidad.
Decir que son tierras “palestinas” parece ser más bien un intento vincular una problemática social interna israelí, al conflicto con los palestinos; o una manera de utilizar políticamente, para beneficio de la llamada “causa palestina”, elementos de asuntos domésticos israelíes.
Pero al parecer, contextualizar le resta credibilidad al papel de villano adjudicado al Estado Judío.
Por eso, El Universal ni siquiera se molestaba en aclarar que el plan de desarrollo israelí para el Negev contempla la relocalización de beduinos del Negev –que están asentados en villas no reconocidas por el Estado y ubicadas en tierras estatales – a nuevas ciudades (a unos pocos kilómetros, como mucho, de sus asentamientos actuales), con el objetivo de mejorar los estándares de vida de estas comunidades y revitalizar la región.
El periodista Carl Bernstein, quien junto a Bob Woodward destapó la historia del Watergate, dijo:
“El nivel más bajo de la cultura popular – la falta de información, la mala información, la desinformación y el desprecio por la verdad o la realidad de la vida de la mayoría de las personas – ha invadido al verdadero periodismo”.